SOBRE LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS FISCALES EN LA LEGISLACIÓN DEL BAJO IMPERIO

Por

ALFONSO AGUDO RUIZ

Catedrático de Derecho Romano

Universidad de La Rioja

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Revista General de Derecho Romano 26 (2016)

RESUMEN: El presente estudio analiza las intervenciones legislativas fiscales más importantes dirigidas a establecer la duración máxima de los procesos, con especial referencia a los juicios de segundo grado, a fin de evitar maniobras dilatorias de los apelantes, y que por el efecto suspensivo de la apelación, produzca consecuencias lesivas para los intereses de la administración fiscal.

PALABRAS CLAVE: duración de los procesos, apelación, fisco.

ON THE DURATION OF FISCAL PROCESSES IN THE LEGISLATION OF THE LAW EMPIRE

ABSTRACT: The present investigation analyzes the most important fiscal law of the Law Empire related to the highest length of the procedures wirth special reference to the judgements with appeal in order to avoid delaying behaviours by the appellants, which could have injurious results for the interests of the fiscal administration due to the suspensive effect of the appeal.

KEYWORDS: length of the procedure, appeal, fiscus.

En el sistema procesal del Bajo Imperio, la mayor preocupación de la cancillería imperial, a tenor del número de disposiciones legislativas emitidas, es la relativa a la duración y a la inútil prolongación de los juicios de naturaleza fiscal, tributaria o de la res privata principis a través de la apelación de las sentencias de primer grado. La legislación de los siglos IV y V ofrece importantes testimonios de intervenciones legislativas dirigidas a establecer la duración máxima de los procesos, con especial referencia a los juicios de segundo grado, a fin de evitar maniobras dilatorias de los apelantes, y que por el efecto suspensivo de la apelación, produzcan consecuencias lesivas para los intereses de la administración fiscal(1).

En el año 294(2), Diocleciano, dentro de su programa de reformas procesales, emite un edicto sobre distintas cuestiones de procedimiento de alcance general y quizá orgánico que, de forma fragmentaría y limitada, ha sido transmitido por los redactores del Codex repetitae praelectionis justinianeo en distintos libros y títulos: C. I. 3. 3. 2 título “De pedaneis iudicibus”; C. I. 3. 11. 1 título “De dilationibus”; C. I. 7. 53. 8 título “De executione rei iudicatae” y C. I. 7. 62. 6 título “De appellationibus et consultationibus”. A nuestros fines solo nos interesa el fragmento del emperador dálmata recogido en:

C. I. 3. 11. 1: Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. dicunt. Quoniam plerumque evenit, ut iudex instrumentorum vel personarum gratia dilationem dare rerum necessitate cogatur, spatium instructionis exhibendae postulatum dari conveniet. 1. Quod hac ratione arbitramur esse moderandum, ut, si ex ea provincia ubi lis agitur vel persona vel instrumenta poscentur, non amplius quam tres menses indulgeantur: si vero ex continentibus provinciis, sex menses custodiri iustitiae est: in transmarina autem dilatione novem menses computari oportebit. 2. Quod ita constitutum iudicantes sentire debebunt, ut hac ratione non sibi concessum intellegant dandae dilationis arbitrium, sed eandem dilationem, si rerum urguentissima ratio flagitaverit et necessitas desideratae instructionis exegerit, non facile amplius quam semel nec ulla trahendi arte sciant esse tribuendam. Dat. XV K. April. CC. Conss.

Diocleciano con esta disposición trata de poner fin a los retrasos excesivos que se producían en la tramitación de los procesos debidos a la concesión de dilationes, ya que como afirma Fernández Barreiro(3), la amplitud del plazo de la dilatio era una cuestión que en la cognitio extra ordinem quedaba reservada al arbitrio del juez, quien en cada caso decidiría la duración de aquella, según las circunstancias. Para evitar esta práctica viciosa, en opinión de Fernández Barreiro(4), el edicto dioclecianeo establece una regulación en este punto, fijando distintos plazos, según que los medios de prueba que querían utilizarse se encuentren en la misma provincia en donde se tramitaba la causa, en una continente o en una transmarina y, en todo caso, no arbitrariamente, sino mediando circunstancias suficientes para ello, advirtiéndose a los jueces que no prorroguen indebidamente los plazos establecidos. Dicho spatium instructionis exhibendae será de tres meses si las pruebas de carácter documental o las declaraciones de los testigos - instrumentorum vel personarum- provienen de la misma provincia en la que se desarrolla el proceso, de seis o nueve meses si provienen de provincia contigua o transmarina, respectivamente.

El 30 de mayo del 319(5), Constantino emite un edicto dirigido a los provinciales donde reitera la necesidad de respetar los plazos de ejercicio de todas las acciones, incluidas las fiscales, decretando su destrucción si han sido presentadas fuera de plazo(6):

C. Th. 10. 1. 3 = C. I. 10. 1. 6. Idem (Constantinus) A. ad provinciales. Iustas etiam et quae locum habent fisci actiones praecipimus concremari ob hoc solum, quod suis temporibus prolatae non sunt. Iam calumniae privatorum eo saltem arceantur exemplo, quo iustas fisci lites silere praecipimus. Dat. III K. Iun. Constantino A. V et Licinio C. Conss.

El 19 de mayo del 320(7), Constantino emite una disposición en Serdica dirigida a Dometius Dracontius, magister privatae rei Africae(8), donde fija el plazo de duración de un año para los procesos fiscales, tanto si el fisco actúa como demandante o como demandado(9), justificando la medida en que no es conveniente gravar aún con más gastos los intereses de los particulares ni del fisco:

C. Th. 10. 1. 4 Idem (Constantinus) A. ad Dometium Dracontium magistrum privatae rei Africae. Cum fiscus litem patiatur aut inferat, anni spatium ad determinandam causam spectari oportet, quia hoc ad instruendum satis est et diutius non oportet privatorum sive fisci emolumenta fatigari. Dat. XIIII Kal. Iun. Serdicae Constantino A. VI et Constante C. Conss.

El 31 de julio del 327(10), Constantino emite una epistula(11) dirigida a Victor, rationalis urbis Romae que, como afirma Pergami(12), pone de relieve la sensibilidad de Constantino por la razonable duración de los procesos de naturaleza fiscal, para evitar maniobras dilatorias que puedan ser realizadas por los apelantes –appellatoris – con grave daño para los intereses fiscales:

C. Th. 11. 30. 14 = C. I. 7. 62. 18. Idem (Constantinus) A. Victori rationali urb(is) Rom(ae). Quoniam nonnulli fisci debitoris, cum iussi fuerint debitam summam exsolvere, interpositio provocationis auxilio vim executionis eludunt nec iam opinionis exemplum nec refutatorias preces curant petere vel offerre, placuit, ut, si intra dies complendis sollemnitatibus praestitutos ad facienda haec appellatoris cura defuerit, deserta ab eo provocatio aestimetur moxque debitum exigatur. Dat. Prid. Kal Aug. Constantino et Maximo Conss.

Como observa Pergami(13), la epistula permite afirmar que la apelación fiscal era admitida, no solo cuando ha sido pronunciada una sentencia en sede contenciosa, sino también frente a un mandamiento de pago, en la que se prevé y se regula la apelación que los deudores fiscales pueden interponer frente a las cantidades que deben abonar al fisco. En efecto, como afirma el citado autor(14), Constantino censura el comportamiento dilatorio de los debitores fisci que, después de haber impugnado, no la sentencia, sino el mandamiento de pago emitido por los órganos financieros competentes – iussi fuerint debitam summam exsolvere -, en este caso el rationalis urbis Romae, destinatario de la constitución, omiten pedir el exemplum de la opinio y de offerre los preces refutatoriae, beneficiándose así, al paralizar la acción ejecutiva, del efecto suspensivo de la apelación.

Constantino establece que se considerará decaído en la apelación al deudor fiscal que, después de haber interpuesto la apelación –interpositio provocationis auxilio(15)-, no cumple en los términos establecidos las formalidades prescritas para la continuación del juicio: la petición de la opinio del juez a quo, es decir, la opinión que le merece la impugnación, antes de transmitir las actuaciones al tribunal superior, que según algunos autores sería el praefectus urbis Romae(16), y el depósito del escrito de las observaciones de las partes sobre la opinión emitida por el juez inferior(17) -preces o libelli refutatoriae-, y en consecuencia es constreñido al pago de la deuda fijada por el rationalis.

La epistula no especifica el plazo dentro del cual deben cumplirse por parte de los debitores fisci las solemnidades establecidas en la disposición –si intra dies complendis sollemnitatibus praestitutos-, a fin de que la provocatio interpuesta por éstos no sea declarada dilatoria y nula. Mommsen(18) observa que en el Scholia Vaticana XIIII, referido a la citada disposición constantiniana, viene precisado el plazo que ésta había fijado para el cumplimiento de las mencionadas solemnidades, veinte días: << arcet debitorem fisci per adpellationem debiti executionem eludere. Iubet ut, si suam praesentiam intra XX dies non praesentaverit, eius appellatio vacuetur>>. Añade el ilustre romanista germano que <<adscripsit ad vocabulum 4 praestitutos manus diversa: id est intra XX dies>>.

De Dominicis(19), con base en la observación de Mommsen, considera que el escoliasta occidental habría tomado el término de veinte días del texto originario de la constitución. Si ello es así, podría deducirse que la supresión del plazo de los veinte días, que originariamente debía estar establecido en la constitución, ha sido obra de los compiladores teodosianos, quizá con la finalidad de adecuar la norma procesal fijada en la constitución a los distintos usos vigentes en la praxis oriental; en efecto, la constitución en su redacción original iba dirigida a Italia, concretamente al <<rationalis urbis Romae, Victor>>.

El 9 de abril del 340(20), Constante emite una epistula en Aquilea dirigida a Petronius, vicarium Africae, por la que establece distintos plazos para contestar a la demanda en el proceso fiscal, según que el actor fiscalis sea un particular o el fisco:

C. Th. 2. 6. 5(21). Idem (Constantius et Constans) AA. Petronium vicarium Africae. Inter privatos et fiscum, si privatus actionem intendat, quattuor mensuum tempora custodienda sunt: cum vero fiscus privato inferet aliquam quaestionem, sex mensuum curricula serventur, utrique parti petendae dilationis per defensores suos copia non neganda, si hoc commoditatis ratio postulaverit. Dat. V id. April. Aquileiae Acindyno et Proculo Conss.

Como observa Cuneo(22), aun cuando la constitución prueba que el 9 de abril del 340 Constante se encontraba en Aquilea, ello no permite afirmar sin más que el procedimiento fuese aplicable solo a la parte occidental del Imperio, ya que parece razonable pensar que el proceso fiscal debía desarrollarse con normas uniformes en todo el Imperio.

A tenor de esta constitución, como afirma Spagnuolo Vigorita(23), el término de cuatro meses de la litis denuntiatio, que probablemente era asignado a las partes para comparecer delante del juez, se mantiene si el actor es un particular, si la acción es propuesta por el fisco, el término se eleva a seis meses.

Por otra parte, en opinión de Fernández Barreiro(24), tales plazos no se refieren a la dilatio instrumentorum gratia propiamente dicha, sino genéricamente al tiempo dentro del cual debe tramitarse el proceso apud fiscum; la dilatio instrumentorum gratia es por el contrario, una posible causa de extensión del tiempo normal de duración del proceso y de ahí que al final del texto se haga referencia al evento de la solicitud de una dilatio referida efectivamente esta vez a los elementos probatorios que quieren utilizarse; la dilatio instrumentorum gratia puede ser obtenida tanto por el demandante como por el demandado (utrique parti petendae dilationis per defensores suos copia non neganda, si hoc commoditatis ratio postulavertit), y ello no hay por qué no entenderlo referido tanto al supuesto de que privatus actionem intendat, como al de que fiscus privato inferet aliquam quaestionem. El proceso entre el fisco y los particulares aparece aquí tratado como un supuesto normal, y de ahí que no se admita la posibilidad de obtener una dilatio instrumentorum gratia utrique parti petendae dilationis, lo que presupone la intención de no desear imponer en este punto ningún privilegio en favor del Fisco.

El 28 noviembre del 340, Constante emite una constitución dirigida a Proculus, procónsul Africae, declarando que sus sentencias sobre un fiscale debitum son impugnables, y fija un plazo al juez ad quem para que resuelva la apelación(25):

C. Th. 11. 30. 21. Idem (Constantius et Constans) AA. ad Proculum procons(ulem) Afric(ae). Si qui fiscale debitum per sententiam luere iussi appellationem frustrationis commento crediderint opponendam, ne moris tergiversantibus abutantur, ilico ad eum missi, cuius vice nostra cognitio est, intra viginti dies appellationis substantiam persequantur, ut vel probata appellatione ad dicationis tuae officium revertantur vel inprobata ut legis istius contemptores ad praefectorum praetorio commentarios destinentur. Eadem forma servanda etiam, si pessima conscientia forte gravati appellandi causas intra diem supersederint perorare. Dat. IIII Kal. Dec. Acindyno et Proculo Conss.(26).

En efecto, la constitución dispone que las apelaciones contra la sentencia de condena al pago de deudas fiscales – si qui fiscale debitum per sententiam luere iussi –, a fin de evitar maniobras dilatorias, debe ser remitida inmediatamente al juez superior(27) – ad eum, vice nostra cognitio est -, y decidida en el plazo de veinte días. La constitución pone de relieve, como afirman algunos autores(28), que al menos a partir del 340, se excluye la competencia del tribunal imperial para el conocimiento de las apelaciones de las sentencias dictadas por los jueces inferiores en las causas de naturaleza fiscal.

Cuneo(29) destaca que la disposición no prescribe al juez a quo declarar inadmisible la apelación, sino que le obliga únicamente a transmitirla inmediatamente al juez superior para que sea éste quien decidida en el término de veinte días.

Obsérvese que la constitución no fija plazo alguno al juez a quo para que eleve las actuaciones al juez ad quem. Por otra parte, como destaca Spagnuolo Vigorita(30), la apelación, en aquellos casos en que era admisible, suspende, según las reglas generales, la ejecución; lo que podría explicar el breve plazo de veinte días de que dispone el juez ad quem para decidir la apelación.

Si la apelación resulta fundada – probata appellatio -, la causa es devuelta al officium del procónsul – ad dicationis tuae officium revertantur -(31). En caso contrario – inprobata appellatio -, o bien si los apelantes omiten discutir la causa en el plazo establecido, conscientes de la falta de fundamento de su impugnación – pessima conscientia forte gravati -, deben ser denunciados a los commentarienses del prefecto del pretorio para, como afirman Padoa Schioppa y Delmaire(32), ser castigados por apelantes temerarios.

Pergami(33) observa que no es clara la finalidad perseguida por la constitución, en particular, se pregunta la razón de por qué una vez admitida la apelación y, por tanto, reconocida la falta de fundamento de la pretensión del fisco, la causa debe retornar al procónsul y, mucho menos, por qué, en caso de rechazo de la apelación, el apelante debe ser llevado ante el prefecto del pretorio, desde el momento en el que todavía no existe ninguna sanción prevista para el caso de interposición de una apelación infundada.

El 26 de junio del 357(34), Constancio(35) emite una epistula en Vallis dirigida a Verecundus, rationalis summarum Africae (36), por la que modifica la duración de los procesos:

C. Th. 10. 1. 7. Idem (Constantius) A. et Iulianus Caes. Verecundo rationali summarum. Ab edicti nostri tenore, quo tempora negotiis sancienda esse censuimus, fiscales causae seiunctae sunt, quoniam fieri potest, ut per innumeras occupationes tui officii vel forte fraudulentam astutiam et venale silentium fiscalis petitio omni iustitiae ratione subnixa propter temporis angustias perimatur. P(ro)p(osita) VI Kal. Iul. Vallis Constantino A. VIIII et Iuliano Caes. Conss.

Constancio alude a un edicto suyo, no conservado, que debía haber establecido los plazos de duración de los procesos, y del que exceptúa los relativos a las causas fiscales, al menos las sometidas a los rationales summarum, debido a sus innumerables actividades, o para evitar que, por corrupción, dejen expirar los plazos para emitir sentencia, perjudicando gravemente a las justas pretensiones del fisco(37).

El 18 de junio del 359 y recibida en Roma el 23 de julio(38), Constancio emite una epistula en Singidunum dirigida a Taurus, praefectus praetorio Italiae et Africae(39), donde modifica los plazos de la apelación establecidos por su padre:

C. Th. 11. 30. 28: Idem (Impp. Constantius et Constans)(40) AA. ad Taurum. Patris nostri salutaribus imperatis comperimus dudum esse praeceptum, ut, si a rationali vel comite vel alio, qui curam fiscalis commodi gerit, fiscale debitum postulante fuerit provocatum, ad eos, qui vice nostra huiusmodi cognitionibus praesident, appellatores intra diem tricensimum perducantur, adversus sententias, quas iniquas esse contendunt, exsecutori proprias actiones. Quapropter viginti sufficit dies intra eandem provinciam custodiri, intra quam fuerit provocatum, sic ut ex aliis quadraginta serventur atque intra eorum terminos quod patris nostri constitutio statuit explicetur. Dat. XIIII Kal. Iul. Singiduno; P(ro)p(osita) X Kal. Aug. Rom(ae) Eusebio et Hypatio Conss.

Constancio cita una ley de su padre, según la cual el deudor fiscal - appellator – podía impugnar la sentencia del rationalis, del comes (sacrarum largitionum), o bien de cualquier otro juez – vel alio, qui curam fiscalis commodi gerit -(41), ante el juez superior genéricamente indicado como aquél qui vice nostra huiusmodi cognitionibus praesident, dentro del plazo de treinta días, plazo que él corrige en veinte o cuarenta días, según que la apelación debiera ser discutida en la misma o en otra provincia respectivamente. En opinión de Pergami(42), esta disposición prueba la exclusión de la competencia de apelación del tribunal imperial para las sentencias dictadas por jueces inferiores en las causas de naturaleza fiscal.

El 16 de diciembre del 383(43), Graciano, Valentiniano II y Teodosio I(44) emiten una constitución dirigida a Ammianus(45), comes rei privatae de Occidente(46), donde fijan los plazos de instrucción del proceso fiscal:

C. Th. 11. 30. 41(47). Idem (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius) AAA. ad Ammianum com(item) r(erum) p(rivatarum). Rationales privatae rei causis vel sacri aerarii praesidentes examen praesente fisci advocatione suscipiant. Ac si eorum sententia forte fuerit appellatione suspensa, ad eos iudices disceptationis fata transeant, ad quos privatorum hominum causae referri ex provocatione consuerunt, ita, ut, si ab illis quoque fuerit provocatum, mansuetudinis nostrae expectetur arbitrium, vel sinceritate tua vel sacrarum remunerationum comite, prout ad quem negotium pertinebit, quid super his, de quibus referatur, gestum sit, scribtis currentibus instruente, ut, sive athuc superest nostra cognitio, mansuetudinem nostram facta suggestione commoneat, sive adquiescentibus partibus terminum negotio datum esse constiterit, plenam rei inquisitionem notitiamque eius accipiat. Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalía negotia intra duos menses in eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dicantur. P(ro)p(osita) XVII Kal. Ian. Merob(aude) II et Saturnino Conss.

Los plazos que establece la constitución son dos, cuatro y seis meses, según las partes se encuentren en la misma provincia, en provincias contiguas o en ultramar, respectivamente. Spagnuolo Vigorita(48) destaca que la mencionada menor brevedad de los tiempos de instrucción no se presenta como una innovación, sino que viene atribuida al antiquum ius.

Además la constitución regula la apelación en los juicios contenciosos relativos a la res privata de las sentencias emitidas en primera instancia por el rationalis rei privatae o el praeses sacrii aerarii, contra cuyas decisiones se prevé, en segundo grado, la competencia de los jueces ordinarios, y en un grado ulterior, como afirma Pergami(49), la competencia alternativa del comes rei privatae, del comes sacrarum remunerationum o del tribunal imperial, con la acostumbrada fórmula ambigua << prout ad quem negotium pertinebit >>.

Por otra parte, la citada constitución pone de relieve la constante tradición de este periodo de que en todos los procesos en los que interviene el fisco cuente con la asistencia del advocatus fisci(50), que estaba legitimado para proponer la vindicatio caducorum así como otras acciones nomine fisci. En el caso concreto se exige su presencia en todos los procesos en los que intervenga el rationalis rei privatae y el praeses sacrii aerarii(51).

Por último, en opinión de Cerami(52), en el lenguaje de la cancillería imperial, la expresión <<iuri fisci et publico vindicadam>> designa, en sentido unitario y total, el organismo administrativo-financiero del Imperio. Añade que el trinomio <<causa privata>> <<causa publica>> <<causa fiscalis>>, no tiene ya razón de ser. La única alternativa posible ahora es la esfera de relaciones privadas y la esfera de relaciones público-fiscales. En tal sentido resulta particularmente significativa la presente constitución relativa a los términos de la apelación, que contrapone las causae fiscales a las causae privatae: Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia intra duos menses in eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dicantur.

Igualmente, para Pergami(53), la constitución pone de relieve, en el lenguaje de la cancillería imperial, la desaparición de la contraposición entre causas fiscales y causas públicas, ambas reconducibles, en sentido unitario, al organismo administrativo financiero del Imperio y contrapuesta a las causas privadas.

El 15 de febrero del 385, Valentiniano II, Teodosio I y Arcadio emiten una epistula(54) en Milán dirigida a Pelagius, comes rerum privatarum pars Occidentis(55), donde los emperadores siguen manteniendo el principio de la apelación de las sentencias en las causas fiscales(56):

C. Th. 11. 30. 45: Idem (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius) AAA. et Arcad(ius)(57) A. ad Pelagium c(omitem) r(erum) p(rivatarum). Post alia: Cum post sententiam discussoris vel rationalis fuerit provocatum, ad sinceritatem tuam negotium transferatur, ut, si mediocritas negotii aut longinquitas regionis ad iudicium tuum litigatores venire non patitur, iudici provinciae, quem ipse probaveris, negotium deleges. Appellationes vero transmarinae in iudicio tuo intra anni agantur spatium; de contiguis et non longe positis provinciis appellationes intra constituta iure tempora peragantur. Dat. XV Kal. Mart. Med(iolano) Arc(adio) A. I et Bautone Conss.

La constitución establece que la apelación interpuesta contra la sentencia final del discussor o del rationalis(58), ambos órganos de la jurisdicción fiscal, siga su curso y sea remitida para su decisión al comes rerum privatarum. Lo que implica, en opinión de Pergami(59), que esta constitución atribuye a este ministro financiero la competencia para decidir las apelaciones, desconociendo así, implícitamente, el requisito del examen preliminar sobre la apelación realizada por parte del juez a quo, en este caso el discussor o el rationalis.

Por otra parte, la constitución contempla una competencia delegada de apelación en materia fiscal reconocida a los gobernadores provinciales. En efecto, cuando la controversia decidida en sentencia por el discussor o el rationalis sea mediocritas negotii o longinquitas regiones, es decir, escaso valor de la controversia o larga distancia hasta la capital, la apelación puede ser remitida al iudex provinciae que será designado por el mismo comes.(60)

Por último, la constitución fija el plazo de un año para la decisión sobre las apelaciones de las sentencias dictadas por los discussores y los rationales de ultramar - appellationes transmarinae -.

El 17 de septiembre del 385(61), Valentiniano II emite una constitución en Aquilea dirigida a Mesilanus, procónsul Africae, donde ratifica los plazos establecidos en el 383(62):

C. Th. 10. 1. 13. Idem (Gratianus, Valentinianus et Theodosius)(63) AAA. ad Messilanum procons(ulem) Afric(ae). In omnibus fiscalibus causis, quisquis iudicum cognitor resederit, exceptis magnificis viris largitionum nostrarum comitibus, quos extra ordinem negotia definire non multo ante lata secundum veteres mores constitutione praecipimus, si intra eandem provinciam res agatur, duos menses satis abundeque sufficere censemus; si ex contigua personae atque instructiones necessariae putabuntur, quattuor; si ex transmarina, sex. Cum vero de causae meritis interposita provocatione tractabitur, in eadem provincia partibus constitutis intra viginti, si ex contigua, intra quadraginta dies negotium terminetur. Dat. XV Kal. Octob. Aquil(eiae) Aracad(io)A. I et Bautone Conss.

La constitución, como observa Vincenti(64), muestra el esfuerzo de la cancillería occidental por intervenir con frecuencia en el sector de la administración de justicia, donde las corrupciones y los retrasos no dejaban de disminuir, concretamente esta disposición introduce términos máximos tanto en primera instancia como en grado de apelación.

La disposición imperial regula los plazos para juzgar las causas fiscales, dos, cuatro o seis meses, según que las partes provengan de la misma provincia en la que se desarrolla el juicio, de provincias contiguas o de ultramar; para las apelaciones, veinte o cuarenta días, plazos determinados con el mismo criterio. Como observa Spagnuolo Vigorita(65), la disminución de los plazos no es presentada como una innovación, sino atribuida al antiquum ius <<secundum veteres mores>>. No quedan sometidos a los referidos plazos los comites largitionum nostrarum, que juzgan extra ordinem en virtud de una ley reciente, que en opinión de Spagnuolo Vigorita(66), la constitutio non multo lata, recordada a este propósito, podría ser aquella del 383.

El 25 de noviembre del 385, Valentiniano II emite una epistula(67) en Aquilea dirigida a Florentius, comes sacrarum largitionum pars Occidentis(68), donde confirma el criterio amplio de la admisibilidad de las apelaciones en materia fiscal(69):

C. Th. 11. 30. 46: Idem (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius)(70) AAA. ad Florentium com(item) s(acrarum) l(argitionum). Post alia: Cum super fiscali debito emerserit provocatio, in eadem provincia vicensimo die negotii merita noscenda sunt, ita ut secundum generalis arbitrium sanctionis XL dierun ex contigua provincia spatia sufficiant. Dat. VII Kal. Dec. Aquil(eiae) Arcad(io) A. I et Bautone Conss.

La constitución se dirige, como hemos señalado, al comes sacrarum largitionum, como juez de apelación(71), ratificando los plazos para decidir la apelación, si la impugnación afecta a una sentencia emitida por un juez de la misma provincia, debe ser decidida en el término de veinte días, si lo es de una provincia contigua, el término se amplía a cuarenta días(72). Lo que implica, en opinión de Pergami(73), que esta constitución también atribuye a este ministro financiero la competencia para decidir las apelaciones, desconociendo así, implícitamente, el requisito del examen preliminar sobre la apelación realizado por parte del juez a quo.

El 15 de octubre del 412, Honorio emite una constitución en Rávena dirigida a Iulianus, procónsul Africae, favorable al principio de la apelación de las sentencias en las causas fiscales:

C. Th. 11. 30. 64: Impp. Honorius et Theodosius AA. Iuliano proc(onsuli) Afric(ae). Non ignoramus post interpositam provocationem in causis fiscalibus antiquitus constitutum, ut viginti dies constituti intra provinciam videantur et ut sacri auditorii cognitores divinae domus negotia terminerent, ex contigua vero provincia intra quadraginta dies negotia universa discingerent. Verum serenitas nostra certum moderamen invenit. praecipimus itaque, ut praeter hos viginti diesquos lex augusta constituit, viginti alios iungeremus. Dat. Id. Octob. Rav(ennae) Honor(io) viiii et Theodi(osio) v AA. Conss.

Como afirma Pergami(74), los emperadores citando expresamente la normativa precedente (Non ignoramus… antiquitus constitutum), atenúan su rigidez (verum serenitas nostra certum moderamen invenit), prolongando el término de duración de las apelaciones fiscales otros veinte o treinta días según el caso, esto es, cuarenta días si la apelación ha sido propuesta en la misma provincia y sesenta días si lo ha sido en provincia contigua.

NOTAS:

(1). Entre los autores que han dedicado sus esfuerzos al derecho fiscal, desde diferentes puntos de vista, cabe citar, entre otros, PROVERA, La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del proceso fiscale romano (Torino 1964); SPAGNUOLO VIGORITA, Secta temporum meorum. Rinnovamento político e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III (Palermo 1978); ID. Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell’età di Costantino (Napoli 1984); PESSI, Situazione económico-sociale e política finanziaria sotto i Severi (Napoli 1988); DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata. L’aerarium impérial et son administration du IV au VI siècle (Roma 1989) con bibliografía; ID. Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV-VI s.). Études prosopographiques (Bruxelles 1989); PULIATTI, Il <<de iure fisci>> di Callistrato e il proceso fiscale in età severiana (Milano 1992); FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Perspectivas de estudio en temática de Derecho administrativo romano surgidas a tenor del pensamiento y de la obra de Giambattista Impallomeni, en INDEX, 26 (1998) 463; ID. Derecho administrativo histórico. Dir. Xornadas e Seminarios, Ed. Escola Galega de Administración Pública (2005); ID. Instituciones, hechos y actividad de orden administrativo en la experiencia jurídica romana, en Xornadas e Seminarios: Derecho administrativo histórico I (2005) 119 ss.; ID. Ius fiscale: instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano, en IURA, 58 (2010) 1 ss. = Estudios en homenaje al Prof. Rodríguez Bereijo (Tompson-Civitas 2010); ID. Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje (Madrid 2010) 267 ss.; ID. Léxico fiscal e instrumentos de política financiera en Derecho Romano, en Revista General de Derecho Romano, IUSTEL, 14 (2010) 1 ss.; ID. Hacia un Tratado de Derecho Administrativo y Fiscal Romano, en Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano (Madrid 2011) 13 ss. = SDHI, 76 (2011) 441 ss.; AGUDO RUIZ, Consideraciones sobre el salario del advocatus fisci, en Libro conmemorativo del XXV Aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (2005) 43 ss.; ID. Los advocati fisci en la legislación de Anastasio, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 6 (2006); ID. El advocatus fisci en Derecho romano (Madrid 2006); ID. Observaciones sobre algunas leyes fiscales del emperador Anastasio, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 15 (2010); ID. La compensación en las obligaciones ex contractu entre particulares y fisco, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 20 (2013); ID. Los intereses <<usurae>> en las obligaciones ex contractu entre particulares y fisco, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 21 (2013) ; ID. El iustum pretium y sus efectos en las ventas fiscales, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 21 (2013); ID. El principio adversus fiscum usucapio non procedit y la usucapión de los bona vacantia, en Revista General de Derecho Romano (IUSTEL) 23 (2014).

Entre los autores que analizan la apelación, e incidentalmente la apelación fiscal, cabe citar, entre otros, ORESTANO, L’appello civile in diritto romano (Torino 1952); LITEWSKI, L’admissibilité de la transaction en cours d’appel dans la procédure civile romaine, en RIDA, 11 (1964) 233 ss.; ID. Die römische Appellation in Zivilsachen, I, en RIDA, 12 (1965) 347 ss.; ID. II, en RIDA, 13 (1966) 231 ss.; ID. III, en RIDA, 14 (1967) 301 ss.; ID. IV, en RIDA, 15 (1968) 143 ss.; ID. Sulle impugnazioni civil (rec. Raggi, Studi sulle impugnazioni civil), en Labeo, 11 (1965) 224 ss.; ID. Il significato del termine “remedium” en Cons. 5.6, en IURA, 23 (1972) 115 ss.; ID. Consultatio ante sententiam, en ZSS, 86 (1969) 227 ss.; ID. Origine del divieto di appellare contro le sentenze del prefetto del pretorio, en RISG, 99 (1972) 269 ss.; ID. La supplicatio contre la sentence rendue par le préfet du prétoire, en AG, 185 (1973) 3 ss.; ID. Ricerche sull’appello (rec. Padoa Schioppa, Ricerche sull’appello nel diritto intermedio), en Labeo, 19 (1973) 220 ss.; ID. Pignus in causa iudicati captum, en SDHI, 40 (1974) 205 ss.; ID. Die römische Appellation in Zivilsachen (Ein Abriss), I. Principat, en ANRW II/14 (1982) 60 ss.; ID. rec. Vincenti, Ante sententiam, en IURA, 37 (1986) 126 ss.; ID. Suspensiveffekt binner der Frist zur Appellationseinlegung, en ZSS, 113 (1996) 377 ss.; ID. Zwischenbescheide im römischen Prozess, en RIDA, 54 (1997) 156 ss.; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto intermedio, I (Milano 1967); GAUDEMET, Constitutions constantiniennes relatives à l’appel, en ZSS, 98 (1981) 47 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, Apetti e problema del processo fiscale in età costantiniana, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore a Manlio Sargenti (Milano 1998) 149 ss.; PERGAMI, In tema di <<appellatio>> nella legislazione tardo imperiale, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 117 ss.; ID. Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardoimperiale in materia di processo fiscale, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno Internazionale in onore a Manlio Sargenti (Milano 1998) 413 ss.; ID. L’appello nella legislazione del tardo Impero (Milano 2000) con abundante bibliografía; ID. Studi di diritto romano tardoantico (Torino 2011).

(2). La fecha del 294 y el alcance general del edicto son admitidos generalmente por la doctrina, entre otros, MOMMSEN, Über die Zeitfolge der Verorduungen Diocletians und seiner Mitregenten, en Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften (Belin 1860) 439; COLLINET, La procédure par libelle (Paris 1932) 406 nt. 1; ZILLETTI, Studi sul processo civile giustinianeo (Milano 1963) 210 nt. 49; DE MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero, II. L’organizazione giudiziaria di Costantino, en Studi Urbinati. Scienze Giuridiche ed Economiche, 34 (1965-66) 198 s.; VOLTERRA, Il problema del testo delle costituzioni imperiali, en Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Firenze 1971) 1007 nt. 3; DE MARTINO, Storia della costituzione romana, V (Napoli 1975) 473 nt. 17; SARGENTI, Studi sul diritto del tardo Impero (Padova 1986) 152 y nt. 57, 222 y nt. 85; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 83; PERGAMI, In tema di <<appellatio>>, cit., 120 = Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 129; ID. L’appello, cit., 19 ss.; ID. Un editto di Diocleziano in tema di processo, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 174 ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 166 nt. 120; FERNÁNDEZ BARREIRO, Un edicto general de Diocleciano sobre procedimiento civil, en Estudios de Derecho procesal civil romano (La Coruña 1999) 475 ss.; ID. Legislación senatorial de Marco Aurelio sobre procedimiento civil, en Estudios de Derecho procesal civil romano (La Coruña 1999) 485 ss.; ID. Los principios “dispositivo” e “inquisitivo” en el proceso romano, en Estudios de Derecho procesal civil romano (La Coruña 1999) 519 ss.; ID. Dilatio litis propter instrumenta, en Estudios de Derecho procesal civil romano (La Coruña 1999) 531 ss.; LIVA, Ricerche sul iudex pedaneus. Organizzazione giudiziaria e processo, en SDHI, 73 (2007) 174; SCHIAVO, I gobernatori delle province e i iudices pedanei tra Diocleziano e Giuliano l’Apostata, en Per el 70 compleanno di Pier Paolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà (2009) 393, con bibliografía en nt. 13.

(3). FERNÁNDEZ BARREIRO, Un edicto general de Diocleciano, cit., 477; ID. Legislación senatorial de Marco Aurelio, cit., 485 ss.

(4). FERNÁNDEZ BARREIRO, Un edicto general de Diocleciano, cit., 477 s.; ID. Los principios “dispositivo” e “inquisitivo”, cit., 519 ss.; ID. Dilatio litis, cit., 531 ss.; igualmente, ZILLETTI, Studi sul processo, cit., 210; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 83; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 166.

(5). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167 nt. 129, data la constitución el 19 de mayo.

(6). En este sentido, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 83. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167 nt. 129, afirma que el edicto no afectaría a los términos procesales de los títulos de los créditos fiscales que no se hayan hecho valer en plazo; probablemente se trata solo de una medida excepcional, con la que Constantino quiere subrayar el valor ejemplar también para los litigios entre particulares, con marcado sabor propagandístico.

(7). MASI, Ricerche sulla “res privata” del “Princeps” (Milano 1971) p. 80 nt. 113, data la disposición el 19 de mayo, mientras que en p. 90, la data el 3 de mayo.

(8). Destacar, como hacen MASI, Ricerche sulla “res privata”, cit., 80 nt. 113; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 174, 177; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 152 nt. 10, que la función jurisdiccional de los procuradores parece atribuida, desde Diocleciano, al magister rei privatae, en nuestro caso, a Dometius Dracontius, magister privatae rei Africae, entre los años 320-321.

(9). En este sentido, DUPONT, La procedure civile dans les constitutions de Constantin. Traits caractéristiques, en RIDA, 21 (1974) 210 s.; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 83 s., 174, 177, 203 nt. 62; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 152 nt. 10, 167 nt. 126.

(10). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 183, 185; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 161. Cfr. HAYASHI, L’appello e altri mezzi processuali sotto l’imperatore Costantino I, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 78, duda del día de emisión: 25 ó 31 de julio.

(11). Así, SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit. 161, para quien la constitución se ocupa de la apelación consultationum more, que parece ser con Constantino el instrumento usual de impugnación en materia fiscal.

(12). PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 195; ID. L’appello, cit., 269, 464; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo nella legislazione tardoimpriale, en Scritti per Gennaro Franciosi, III (Napoli 2007) 2066 s. En el mismo sentido, con anterioridad PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 69 nt. 88.

(13). PERGAMI, L’appello, cit., 243.

(14). PERGAMI, L’appello, cit., 99, 136 nt. 149, 243, 464; ID. Appellatio more consultationis, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 266, ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2067. En el mismo sentido, DE MARINI AVONZO, La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero, II, cit., 218 nt. 162; PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 69 nt. 88. Cfr. DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 203, para quien se trata de una apelación de sentencia definitiva.

(15). Sobre la calificación de la apelación como auxilium provocationis, vid., PERGAMI, L’appello, cit., 270 ss.

(16). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 163; PERGAMI, L’appello, cit., 420. Cfr. VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>. Contributo allo studio dell’appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano (Padova 1986) 83 nt. 144 y DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 85; 196; 203, quienes consideran que el tribunal competente sería el del comes rerum privatarum.

(17). Sobre la opinio y los preces o libelli refutatoriae, vid., PERGAMI, L’appello, cit., 88 ss., 101 s.; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2066 nt. 8. Cfr. DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 85 y SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 161, consideran que opiniones exemplum se refiere a la copia de la sentencia del juez.

(18). MOMMSEN, Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis, I (Germany 1990) 628. En el mismo sentido, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 85; 203.

(19). DE DOMINICIS, Registro delle alterazioni (glossemi ed interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle Posteodosiane segnalate dalla critica, en BIDR, 57-58 (1953) 429 nt. 4.

(20). Así, LEGOHÉREL, Reparatio temporum, en IURA, 16 (1965) 103 nt. 72; CUNEO, La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Constante (337-361) (Milano 1997) XLIII; 66; 463; 483.

(21). La constitución es recogida parcialmente por los compiladores justinianeos en C. I. 3. 11. 6. Impp. Constantius et Constans AA. ad Petronium Vicarium Africae. Inter privatos et fiscum si aliqua lis mota fuerit, utrique parti petendae dilationis per defensores suos copia non est deneganda, si hoc commoditatis ratio postulaverit. D. V id. April. Aquileiae Acyndino et Proculo Conss.

Como observa CUNEO, La legislazione, cit., 66, la disposición del Código de Teodosio aparece parcialmente recogida en el Código de Justiniano. SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 166 nt. 119, señala que faltan la distinción y los términos. FERNÁNDEZ BARREIRO, La previa información del adversario, cit., 326 s.; ID. “Dilatio litis, cit., 539, considera que la supresión parcial del texto teodosiano obedece a que los redactores del Código recogen en sede de dilationibus la parte de la citada constitución relativa a la dilatio instrumentorum gratia, suprimiendo la primera parte de la misma por no referirse a esta materia.

(22). CUNEO, La legislazione, cit., XLIII; 66 s.

(23). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 166. En el mismo sentido, ZILLETTI, Studi sul processo, cit., 14 nt. 19; LEGOHÉREL, Reparatio, cit., 103; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 84; 203 nt. 62; FERNÁNDEZ BARREIRO, La previa información del adversario, cit., 326.; ID. “Dilatio litis”, cit., 539, observa que así parece resultar, en efecto, de la interpretatio de este texto: Quando inter fiscum et privatum possessorem de repetitione aliqua fuerit orta contentio, si privatus fiscum repetat, quattuor menses ad respondendum actor fiscalis habebit indutias: si vero fiscus aliquid a possessone crediderit repetendum, sex mensuum ad respondendum dilatio non negetur, dammodo ad praestandas indutias iusta ratio cognoscatur.

(24). FERNÁNDEZ BARREIRO, La previa información del adversario, cit., 326 s.; ID. “Dilatio litis”, cit., 539.

(25). Así, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 69 y nt. 88; CUNEO, La legislazione, cit., XCIX; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 160; PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 415; ID. L’appello, cit., 178, 316; ID. Sulla <<ragionevole durata>> del processo, cit., 2067 s.; 2070; ID. Centralismo e decentramento nell’attività giurisdizionale della tarda antichità, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 227; ID. Effetto devolutivo e ius novorum nel processo romano della cognitio extra ordinem, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 379.

(26). En opinión de CUNEO, La legislazione, cit., 156, esta constitución hay que ponerla en relación con C. Th. 11. 36. 6 de 11 de mayo del 342 y con C. Th. 11. 36. 8 de 8 de marzo del 347, que señalan una progresiva garantía de medidas para tutelar al fisco en materia de apelaciones. Para PERGAMI, L’appello, cit., 136 nt. 149, 243 nt. 18, se nota que, mientras la c. 14 de Constantino, con la expresión “iussi fuerint debitam summam exsolvere”, parece referirse a un mandamiento de pago de carácter administrativo, aquí se habla expresamente de una sentencia – si qui fiscale debitum per sententiam luere iussi - y se presupone, por tanto, que la orden de pago ha sido contestada judicialmente.

(27). En opinión de PERGAMI, L’appello, cit., 424, el juez de apelación podría ser el comes sacrarum largitionum.

(28). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 162, 167 s. y nt. 90; PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 197 nt. 7; ID. L’appello, cit., 243, 369, 405, 424 y nt. 83 con bibliografía, 442; ID. Centralismo e decentramento, cit., 227; ID., La competenza giurisdizionale dell’Imperatore, cit., 422. GAUDEMET, Constitutions constantiniennes relatives à l’appel, en ZSS, 98 (1981) 72 s., observa que únicamente las sentencias emitidas por los prefectos del pretorio se pueden considerar emitidas vice sacra; las de los otros jueces, prefectos de la urbe, procónsules, etc., no son nunca designadas como emitidas vice nostra.

(29). CUNEO, La legislazione, cit., 79. En opinión de SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 153, esta y otras disposiciones confirman que los gobernadores figuraban frecuentemente como jueces en las causas fiscales.

(30). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 160.

(31). Así, SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 162; PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 415 = Studi, cit., 197; ID. L’appello, cit., 136.

(32). PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 17 nt. 13; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 86.

(33). PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 415 s. = Studi, cit., 197 s.; ID. L’appello, cit., 136.

(34). En este sentido, CUNEO, La legislazione, cit., 331, 428, 466, 486; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 153.

(35). PERGAMI, Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 69 nt. 12, observa que la constitución es atribuida a Constancio y Juliano.

(36). Así, KARAYANNOPULOS, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates (München 1958) 54 nt. 6; JONES, Il tardo Impero romano (284-602 d.C.) II, trad. ital. Petretti (Milano 1974) 1065 nt. 35; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 184; CUNEO, La legislazione, cit., 331, 486, afirma que del destinatario de esta constitución no se tienen más noticias. La publicación en Vallis, localidad del África Proconsularis, hace verosímil que se trate de un rationalis summarum en África; VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 83 nt. 144; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 153, 167.

(37). Así, KARAYANNOPULOS, Das Finanzwesen, cit., 261; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 84, 195, 202 s.; CUNEO, La legislazione, cit., CV, afirma que se sanciona la imprescriptibilidad de las pretensiones fiscales; 331, 428; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit. 153, 167.

(38). Así, CHASTAGNOL, La préfecture urbaine, cit., 384 nt. 4; CUNEO, La legislazione, cit., LXIX nt. 2, 381, 467.

(39). Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 153.

(40). CUNEO, La legislazione, cit., 381, observa que el texto pertenece a una serie conservada en el Vaticanus Reginae que, desde la c. 24 del 348, prosigue con la inscriptio Id. AA, atribuyendo erróneamente la constitución al difunto Constante. En el mismo sentido, PERGAMI, L’appello, cit., 140 nt. 159.

(41). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 153 s., 164, afirma que dicha expresión equivale a decir un gobernador provincial.

(42). PERGAMI, L’appello, cit., 442.

(43). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 78; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit. 167.

(44). En este sentido, KARAYANNOPULOS, Das Finanzwesen, cit., 13 nt. 1; PERGAMI, L’appello, cit., 192 nt. 271, 316; ID. Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 208 nt. 40, 209; ID. Centralismo e decentramento, cit., 232 nt. 33; ID. La competenza giurisdizionale dell’Imperatore nel processo di età tardoimperiale, en Studi di Diritto romano tardoantico (Torino 2011) 424 nt. 6; AGUDO RUIZ, El advocatus fisci, cit., 105. Cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167, 168 nt. 134, atribuye la autoría a Valentiniano II (o aún de Graciano).

(45). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 78

(46). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 87; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit. 167 nt. 123.

(47). La constitución es recogida por los compiladores en el Código de Justiniano, bajo el título “De advocatis fisci”, muy mutilada, destacando la intervención del advocatus fisci en materia de apelación de sentencias emitidas por los rationales rei privatae y por los praesidentes sacri aerarii: C. I. 2. 8. 4. Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Ammianum, comitem rerum privatarum. Rationales privatae rei causis vel sacri aerarii praesidentes, examen praesente fisci advocato suscipiant. Sobre el texto, vid., entre otros, WIELING, Advokaten im spätantiken Rom, en Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Convegno Internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe (Napoli 1996) 455; PERGAMI, L’appello, cit., 317 s., 425; AGUDO RUIZ, El advocatus fisci, cit., 105 s.

(48). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit. 166 s.

(49). PERGAMI, L’appello, cit., 192, 243, 316 s., 424, 447; ID. Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 209; ID. Centralismo e decentramento, cit., 232. Cfr. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 20 nt. 26, para quien la “mansuetudo” imperial decidía la apelación, después de que la causa concerniente al fisco o al patrimonio imperial, hubiera sido instruida respectivamente por el comes sacrarum largitionum o el comes rerum privatarum. Para DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 68, 87, 203 s., dicha apelación se realiza ante el emperador sobre un informe redactado por el comes rei privatae o el comes sacrarum largitionum, según el caso –vel sinceritate tua vel sacrarum remunerationum comite, prout ad quem negotium pertinebit, quid super his, de quibus referatur, gestum sit, scribtis currentibus instruente -, el cual emite su sentencia con base en dicho informe. Para PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 428 nt. 41, esta interpretación no es exacta, ya que en C. Th. 11. 30. 39, se atribuye competencia al comes sacrarum largitionum para las apelaciones propuestas contra las sentencias del comes aerarii nostri.

(50). Sobre el advocatus fisci, vid., AGUDO RUIZ, El advocatus fisci, cit.

(51). Cfr. DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 83, 203; PULIATTI, Il <<de iure fisci di Callistrato>>, cit., 356 s. y nt. 48; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 168, con base en esta constitución extiende la presencia del advocatus fisci a todos los procesos juzgados por funcionarios de la res privata o de las largitiones; AGUDO RUIZ, El advocatus fisci, cit., 105 s.

(52). CERAMI, “Contrahere cum fisco”, en AUPA, 34 (1973) 385 s. En el mismo sentido con anterioridad, ELIACHEVITCH, La personalité juridique en droit privé romain (Paris 1942) 54 nt. 104, afirma que en la c. 41 se habla ya de privatis fiscalibusque causis. Para BOULVERT, Aerarium dans les constitutions impériales, en Labeo, 22 (1976) 168 s., a partir de la mitad del siglo IV fiscus y res privata son equivalentes en el mismo texto. Añade que sacrum aerarium se opone a res privata.

(53). PERGAMI, L’appello, cit., 192 nt. 271.

(54). Así, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 82; BARBATI, Studi sui “iudices” nel diritto romano tardo antico (Milano 2012) 629.

(55). Así, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 82.

(56). Así, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 72 y nt. 101; PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 429; ID. L’appello, cit., 243 nt. 18, 317, 397 s.

(57). PERGAMI, L’appello, cit., 194 nt. 275, observa que las constituciones recogidas en el Código Teodosiano después de la c. 40 h.t., del 31 de agosto del 383, quizá todavía emanada con el nombre de Graciano, que, por otra parte, fallece el 25 de agosto, continúan siendo intituladas Idem AAA. Los Augustos eran, en realidad, Valentiniano, Teodosio y Arcadio que, aunque pequeño, había sido asociado por su padre en enero de aquel año, pero cuyo nombre aparece, en las constituciones de este título, solo en la c. 45 del 385.

(58). Así, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 83.

(59). PERGAMI, L’appello, cit., 397 s.; ID., Sulla <ragionevole durata> del processo, cit., 2068. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 18 nt. 18, 20 nt. 26, afirma que el comes rei privatae, superior jerárquico de los rationales rei privatae, conoce en segunda instancia, como es costumbre, de aquellas causas cuyo valor sea superior a las doscientas libras de plata.

(60). Así, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 14 s. y nt. 8; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 87; ID. Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines (Paris 1995) 122; GORIA, La giustizia nell’Impero romano d’Oriente, cit., 283 s.; PERGAMI, Interesse pubblico e tutela del privato, cit., 429 = Studi, cit., 209; ID. L’appello, cit., 197, 408, 424; ID. Sulla <ragionevole durata> del processo, cit., 2068 = Studi, cit., 367; BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 629.

(61). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 87; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167

(62). Así, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 84 En opinión de PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 72, fijado el criterio de la deuda manifiesta, la apelación en materia fiscal no es excluida con carácter general; en el sistema de la codificación teodosiana se pueden insertar por tanto, sin contradicciones, numerosas intervenciones legislativas, entre los siglos IV y V, en las que la apelación resulta posible respecto de las sentencias emitidas por los funcionarios del fisco.

(63). La inscriptio atribuye la coautoría a Graciano, sin embargo, como observa VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 77, Graciano muere en el 383. Con anterioridad, KARAYANNOPULOS, Das Finanzwesen, cit., 13 nt. 1.

(64). VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 78 nt. 128.

(65). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167 nt. 125. En opinión de BARBATI, Studi sui “iudices”, cit., 234, el comes sacrarum largitionum es “iudex”.

(66). SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del processo fiscale, cit., 167 nt. 124. En el mismo sentido, DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 84; 86; ID. Les institutions du Bas-Empire romain , cit., 122.

(67). Así, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 84.

(68). Así, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 84.

(69). En este sentido, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 72 y nt. 100; PERGAMI, L’appello, cit., 192 s., 316 s.; ID., Sulla <ragionevole durata> del processo, cit., 2068.

(70). Aun cuando la inscriptio menciona a Graciano, recordemos que había fallecido el 25 de agosto del 383.

(71). En este sentido, PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello, cit., 20 nt. 26.

(72). Asi, VINCENTI, <<Ante sententiam appellari potest>>, cit., 84 s.; DELMAIRE, Largesses sacrées et res privata, cit., 86; SPAGNUOLO VIGORITA, Aspetti e problema del proceso fiscale, cit., 162,167 nt. 124; PERGAMI, L’appello, cit., 464 s.; ID. Sulla <ragionevole durata> del processo, cit., 2068 = Studi, ciit., 367.

(73). PERGAMI, L’appello, cit., 397 s.

(74). PERGAMI, L’appello, cit., 269 nt. 6, 270 nt. 7, 465; ID. Sulla <ragionevole durata> del processo, cit., 2069 = Studi, cit., 367 s.; ID., Rilievi in tema di cognitio vice sacra, en Studi, cit., 342.