REINO UNIDO. Rechazada la objeción de conciencia de un juez a la adopción por parejas homosexuales

LONDRES, lunes, 5 de marzo de 2007 (ZENIT.org).- La comunidad evangélica británica expresó su preocupación el 4 de marzo por el futuro de la libertad religiosa en el Reino Unido, después de que un tribunal local rechazara la petición de un juez cristiano de ser eximido de los casos de adopción de niños por parejas del mismo sexo.

“Los cristianos están saliendo perdedores en una nueva jerarquía de derechos”, dijo la Alianza Evangélica, que representa a cerca de un millón de cristianos evangélicos en el país.

La Alianza Evangélica reaccionó a la decisión del Tribunal de Empleo de Sheffield, que rechazó la alegación del juez cristiano Andrew McClintock en el sentido de que su derecho a la libertad religiosa “era violado” por “requerirle” “supervisar casos” que implican conceder la adopción de niños a adoptantes del mismo sexo.

El tribunal admitió que McClintock, de 63 años, que tiene un intachable currículum como Juez de Paz en Sheffield desde 1988, será consecuentemente inhabilitado para prestar sus servicios en el Panel de Familia, que decide casos que incluyen adopciones por parejas heterosexuales y homosexuales, dijo la Alianza Evangelica a BosNewsLife.

El tribunal rechazó objeción de conciencia de McClintock por motivos religiosos como una opinión personal, que dijo “tiene que ser dejada a un lado en puestos de funcionarios públicos”.

El jefe de Asuntos Públicos de la Alianza Evangélica, Don Horrocks, dijo que la sentencia parece formar parte de una tendencia preocupante en el Reino Unido.

“Este tendencia iliberal que busca forzar la privatización de la fe y tolerar todo menos la creencia religiosa, necesita ser detenida, antes de que nos despertemos encontrándonos que la aportación cristiana ha sido cada vez más expulsada de la plaza pública”, añadió.

Horrocks dijo que los las agencias de adopción cristianas y otros trabajadores voluntarios movidos por motivos religiosos están desapareciendo de la escena pública.

“El impacto para la sociedad puede ser significativo, dados los niveles sustanciales de trabajo voluntario y comunitario llevado a cabo por grupos religiosos”, explicó.

Subrayó que mientras otros derechos pueden “manifestarse libremente” en la arena pública, hay “evidencia de una agenda política para restringir y privatizar la libertad religiosa de un modo que mina la protección garantizada por el artículo nueve de la Convención Europea de Derechos Humanos”.