Treinta y tres años después de su aprobación el modelo de ejecución de la pena de prisión contemplado en la Ley Orgánica General Penitenciaria permanece apenas inalterado. Sin embargo, el sistema de cumplimiento fundamentado en la individualización científica se ha ido desdibujando a través de diversas reformas del Código penal, que pretenden culminar con la anunciada en el Anteproyecto de Reforma de 2012, introduciendo subsistemas de cumplimiento excepcionales y arrinconando el principio de resocialización en beneficio de otros fines tales como la inocuización, la prevención general y la retribución. Esta crisis ideológica del sistema garantista y flexible configurado en 1979 por la LOGP se agrava por la crisis económica con sus efectos no sólo en ámbitos de personal o de infraestructuras, sino con el peligro de aparición de fórmulas de privatización ya fracasadas en el modelo de ejecución de menores infractores. Junto a estos procesos, la presente obra analiza la propia idiosincrasia de la institución penitenciaria que, fiel a sus ritmos, no sólo ha tratado de contrarrestar la incidencia de estas reformas dentro de los muros de las prisiones sino que ha activado en la última década nuevas modalidades de tratamientos penitenciarios siguiendo el mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución española sobre la que teóricamente se construye el sistema.

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