Con cierta ligereza histórica, viene minimizándose el origen municipal del Registro Civil, reduciéndolo a un intento tan fallido como breve. El presente libro detalla las vicisitudes de esta institución, confiada a los Ayuntamientos desde 1813 hasta 1870, así como la resistencia eclesiástica a todo intento secularizador de las inscripciones. La misma, por cierto, que se observa en el accidentado proceso de municipalización de las necrópolis. En este pugna Iglesia-Estado, la decisión de colocar al Registro Civil en el Ministerio de Justicia y sirviéndose de la estructura generalizada y uniforme de los juzgados, dio estabilidad y permanencia a un instrumento, que no había arraigado en el débil ámbito local. El tiempo, curiosamente, volvería a colocar las oficinas registrales en edificios municipales y a poner en manos de los Ayuntamientos, que siempre han acopiado un relevante número de registros, inventarios y catálogos, la elección de los Jueces de Paz, encargados del Registro Civil en numerosas poblaciones.

Con el nexo de la licencia de enterramiento, exigencia también infravalorada, el autor, especialista en esta temática, penetra y revisa la evolución del municipalismo funerario desde la normativa de hace ahora 150 años, hasta las modernas medidas liberalizadoras, los nuevos intentos de reglamentación estatal o la incidencia, en la mataria abordada, de la reciente Ley de la Memoria Histórica.

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