La concesión de licencias urbanísticas y medioambientales ilegales constituye en numerosas ocasiones la manifestación más importante de cómo el urbanismo se ha convertido en un caldo de cultivo favorable a la corrupción de autoridades y funcionarios municipales. Precisamente son los Ayuntamientos el ámbito más propicio para la aparición y el mantenimiento de prácticas ilícitas en la actividad urbanística y medioambiental en las que tanto los alcaldes y concejales de urbanismo, como los funcionarios técnicos municipales, desempeñan un papel fundamental. En la presente monografía se estudia la responsabilidad administrativa y penal de estas autoridades y funcionarios públicos implicados en la concesión e informe de licencias urbanísticas, así como en la inspección y control de actividades contaminantes. Tras diez años de vigencia del Código penal de 1995, la creación de las llamadas prevaricaciones administrativas específicas —artículos 320, 322 y 329— no parece haber atajado el panorama de corrupción municipal sino que, por el contrario, ha venido a establecer un privilegio penológico a favor de los autores, observándose una ausencia de exigencia de responsabilidad al particular beneficiario de las licencias o actividades contaminantes ilegales.

La deficiente técnica de tipificación de estos preceptos penales, junto a la existencia de numerosos preceptos del Derecho administrativo que sancionan idénticas conductas, exige un estudio en profundidad de los preceptos administrativos y penales que sancionan la concesión de licencias ilegales, la emisión de un informe favorable a dicha concesión ilegal y la omisión de denunciar y reparar las infracciones medioambientales detectadas. Todo ello se aborda en el presente trabajo desde una perspectiva integradora y atendiendo a los fines y funciones propias del Derecho administrativo y del Derecho penal.

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