La Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña contiene el núcleo central de la regulación de las Administraciones públicas catalanas.

De acuerdo con este objetivo la ley establece los principios básicos de la organización administrativa y régimen de los órganos colegiados, el marco general para la adopción de acuerdos, la determinación de su validez y eficacia, su revisión y control en vía administrativa, a lo que se añade el régimen de la inspección, los principios de los procedimientos en materias sancionadora y de responsabilidad, el procedimiento de elaboración de disposiciones generales autonómicas, y las relaciones interadministrativas.

La Ley 26/2010, dictada al amparo de la competencia que el artículo 159 del Estatuto de Autonomía de 2006 atribuye en esta materia a la Generalidad de Cataluña, deroga en su práctica totalidad la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad de Cataluña. El contenido de la nueva Ley incorpora al ordenamiento los nuevos contenidos materiales de las leyes básicas que afectan de modo directo al régimen jurídico y procedimiento administrativo, como la Ley 30/1992 y su reforma parcial por la Ley 4/1999, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y las normas de transposición de la Directiva 123/2006. En su aspecto subjetivo la ley, de acuerdo con la interiorización del régimen local que establece el nuevo Estatuto de Autonomía, se dirige a todas las administraciones públicas de Cataluña.

El presente libro examina con rigor y profundidad la significación y las principales novedades que introduce esta Ley en una materia que constituye la base sobre la que se asienta el actuar de todas las Administraciones. Por esta razón el interés de esta obra va más allá del caso catalán para extenderse a todo el actuar de las Administraciones públicas en España.

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