La utilización del decreto-ley como una forma prácticamente ordinaria de legislar ha sido una constante en nuestra democracia constitucional, aunque se ha agudizado en los últimos tiempos, en que la abundancia de decretos-leyes ha llegado a alcanzar cotas superiores al cincuenta por ciento, comparados con la legislación ordinaria. Lo que ha sucedido con los decretos-leyes estatales se está produciendo también con los decretos-leyes autonómicos. Ante esa realidad, que supone un claro abuso de este tipo de norma, que constitucionalmente sólo está prevista para casos de extraordinaria y urgente necesidad, el autor se plantea las causas que han conducido a ello y propone los posibles remedios para restringir los decretos-leyes, cuya desmedida utilización, además de ser contraria a la configuración que la Constitución les ha dado, desvirtúa nuestra forma parlamentaria de gobierno. Las causas del abuso las sitúa el autor en la debilidad de nuestro parlamentarismo y en la flexible doctrina del Tribunal Constitucional que, a su juicio, no ha interpretado debidamente las exigencias que derivan del carácter «excepcional » del decreto-ley, al admitir que puedan dictarse para regular materia reglamentaria o para albergar una pluralidad de disposiciones materialmente heterogéneas (como sucede en los llamados decretos-leyes «ómnibus»), concediendo, además, al Gobierno y al Congreso un amplio margen de apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad y permitiendo, en fin, con un entendimiento restringido de las materias excluidas, la ampliación del campo normativo de este tipo de normas. El autor, después de un riguroso estudio de la práctica seguida en la emanación de decretos-leyes y de la doctrina del Tribunal Constitucional recaída sobre ellos, sostiene la necesidad de efectuar determinadas reformas, tanto en la regulación de su tramitación parlamentaria, como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a tal efecto propone una reinterpretación de la figura del decreto-ley que garantice su carácter «excepcional» y, en consecuencia, su uso restrictivo.

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