Es cuestión manida referirse sistemáticamente a las transformaciones del Derecho público, circunstancia esta que, como insiste en señalar buena parte de la doctrina, se encuentra agravada en el caso del Derecho administrativo. El avance tecnológico y los crecientes procesos de modernización de las diferentes Administraciones públicas, las cuales no son ajenas en forma alguna al actual tsunami digital, ha permitido evidenciar la necesidad de contar con un ordenamiento jurídico-administrativo adaptado a la realidad en red, capaz de combatir el pernicioso alcance que el impulso de la digitalización y datificación de la sociedad posee en la esfera vital de la ciudadanía.
Esta apremiante cuestión exige una minuciosa labor jurídica orientada no solamente a la articulación de garantías que permitan salvaguardar la plena vigencia y efectividad del elenco de derechos fundamentales ya reconocidos, sino también encaminada a la identificación de reformas legales necesarias, así como de lagunas jurídicas que requieran una regulación adicional para otorgar seguridad jurídica a la incipiente proliferación de sistemas algorítmicos en el seno de la Administración pública y a la vertiginosa automatización de la acción administrativa.
Precisamente encontramos ahí algunas de las principales razones y motivaciones que vehiculan el espíritu de la obra que ahora tiene en sus manos, con la que los autores pretenden contribuir, imbuidos quizá por el impulso humanista que imprime el estrecho contacto con las aulas del Estudio salmantino, al establecimiento de un sólido marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, con el propósito de garantizar la inclusión, el bienestar social del conjunto de la ciudadanía y avanzar hacia una digitalización antropocéntrica, ética, sostenible y respetuosa con los derechos y valores fundamentales.

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