El presente trabajo es fruto de las inquietudes de sus dos autores, profesores universitarios, respecto de la deficiente actuación de nuestros poderes públicos y, en especial, del Legislador, en orden al cumplimiento de los mandatos normativos europeos y la posible responsabilidad patrimonial que de ello se deriva, tanto a nivel interno o descendente, frente a los jueces y tribunales nacionales, como a nivel europeo o ascendente, ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La cuestión objeto de análisis ha recobrado actualidad por diferentes motivos, entre los que destacan tres particularmente: la extraordinaria proliferación de demandas que sobre este asunto ha tenido que conocer nuestro Tribunal Supremo (casos céntimo sanitario, impuesto de sucesiones y donaciones, reiteradas vulneraciones de la Sexta Directiva del IVA, multipropiedad, Canal Satélite digital, canon digital, bono social eléctrico, situaciones de los interinos, pensiones de los trabajadores a tiempo parcial, entre otros); el recurso que la Comisión europea ha interpuesto contra España ante el Tribunal de Justicia por la regulación jurídica que de esta institución ha realizado la Ley 40/2015; y las primeras aplicaciones del mecanismo sancionador contemplado en el artículo 260.3 TFUE.

El análisis de las complejas dudas jurídicas que se plantean y de la realidad práctica detectada se aborda de una manera constructiva, ofreciendo alternativas dirigidas a mejorar los mecanismos de transposición de Directivas europeas y realizando propuestas de lege ferenda ante la —más que posiblemente inexorable—, modificación de la LRJSP que tendrá que afrontar nuestro Parlamento. En uno y otro caso, con la finalidad última de asegurar la protección de los derechos que el orden jurídico europeo confiere a sus ciudadanos que es lo que, en última instancia, justifica la responsabilidad por incumplimiento de los Estados miembros.

M.ª Consuelo Alonso García es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora del Centro de Estudios Europeos «Luis Ortega Álvarez». Entre las líneas de investigación que ha seguido destaca particularmente su interés por la responsabilidad patrimonial del Poder legislativo, cuyo examen ha enfocado siempre tomando en consideración el parámetro del Derecho europeo y las importantes transformaciones que el mismo ocasiona en nuestro sistema jurídico. El presente estudio se aborda una vez más con este planteamiento, analizando las consecuencias que en la esfera jurídica de los ciudadanos provoca la jurisprudencia de la Corte de Justicia europea en orden a determinar la responsabilidad patrimonial en que incurre el Parlamento por los cada vez más frecuentes incumplimientos de los mandatos normativos que provienen de Bruselas.

Isaac Martín Delgado es Profesor Titular de Derecho Administrativo y Director del Centro de Estudios Europeos «Luis Ortega Álvarez». Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, es autor de distintas publicaciones relevantes en materia de Derecho de la Unión Europea, siendo una de sus líneas de investigación más destacadas en este ámbito la relativa al control del cumplimiento del Derecho de la Unión. En este trabajo analiza uno de los instrumentos en poder de las instituciones europeas para reaccionar frente a las infracciones del DUE —la posibilidad de imponer el pago de una suma a tanto alzado o una multa coercitiva—, con especial atención al caso de España, y plantea algunas sugerencias de mejora de los mecanismos internos de transposición de Directivas para prevenir tales incumplimientos.

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