El tratamiento que hasta la fecha el ordenamiento jurídico español ha dispensado al uso de la fuerza se limita al derecho penal y a la responsabilidad patrimonial. Sin embargo, no existe un tratamiento en la legislación administrativa sobre la forma de proceder ante situaciones que afectan a la seguridad y el orden público, extremo que genera indudable indefensión a los efectivos policiales, que muchas de las veces se ven obligados a soportar desconsideraciones y a exponer su integridad física sin poder ejercer la fuerza por un evidente desconocimiento y porque el derecho penal se puede dirigir contra ellos mismos.

Nos hallamos en un contexto sociológico muy particular, en el que la fuerza con carácter general es considerada por un amplio sector de la sociedad como una cuestión a evitar, propia de regímenes totalitarios.

En definitiva el uso de la fuerza policial se erige en centro del debate social, político y mediático, alejándolo así de una serena reflexión que haga posible una regulación seria.

La intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad se reduce estrictamente a identificar al ciudadano alborotador y levantar acta, porque el procedimiento administrativo –cada vez más complejo, necesitado de los informes más variopintos y en consecuencia de tiempos de tramitación imperdonables- ha fagocitado el uso de la fuerza, convirtiendo al efectivo policial por un lado en un sparring de boxeo que debe contener con su propio cuerpo a las masas agresivas, y por otro en un mero tramitador de denuncias.

En los últimos tiempos asistimos a un aumento escandaloso de la agresividad, especialmente en jóvenes y adolescentes, y en sentido inversamente proporcional, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ve constreñida la posibilidad de usar la fuerza.

A su vez la falta de una normativa completa y clara sobre el uso de la fuerza se suple jurisprudencialmente con criterios vacilantes y hasta dispares, al menos desde la óptica jurídico-administrativa.

La policía en ocasiones necesita hacer uso de la fuerza y sin embargo el agente se encuentra desvalido ante un ordenamiento incompleto, que no se adapta a los nuevos tiempos.

La función policial se ha convertido hoy en una profesión de alto riesgo, no por hallarse el agente expuesto a peligros para la vida o la integridad física, sino por la elevada inseguridad jurídica con la que trabaja cualquier agente.

En esta monografía se analizan todas estas cuestiones y se propone que la intervención administrativa en materia de seguridad, en tanto que actividad de limitación, tiene que ser objeto de revisión por parte del legislador, en aras a la libertad de los ciudadanos, la seguridad jurídica de los operadores y la eficacia de las Administraciones Públicas.


Felio José Bauzá Martorell es profesor de derecho administrativo de la Universidad de las Islas Baleares. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.

Esta monografía sobre El uso de la fuerza en derecho administrativo fue galardonada con el Premio de Estudios Jurídicos 2018 de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.

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