El medio marino constituye un vasto espacio natural en el que, a tenor de sus propias características y peculiaridades, no sólo confluyen una diversidad y heterogeneidad de intereses estatales, sino también un conjunto de intereses colectivos que han sido objeto de promoción y protección en el actual orden jurídico-marítimo internacional. Esta circunstancia quedó plenamente reflejada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en cuyo Preámbulo se recuerda que “los problemas de los espacios marinos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto”. Por eso, en esta Constitución para los océanos, cuyo trigésimo aniversario se está celebrando, se regulan las competencias estatales y las actividades que se llevan a cabo en los mares y océanos con el objetivo de asegurar la tutela de tales intereses colectivos, que se encuentran en la base de este sector normativo, como la libertad de navegación, la conservación de los recursos vivos marinos, la preservación del medio marino, la seguridad marítima,… Sin embargo, los problemas y amenazas que afectan a tales intereses se han incrementado y diversificado y exigen de forma creciente respuestas políticas y jurídicas basadas en la cooperación internacional, en los planos universal y regional, para hacer frente al fenómeno de la sobreexplotación pesquera, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, la contaminación marina, el cambio climático o a determinadas actividades delictivas como la piratería. En todos estos casos, según se analiza en los diferentes trabajos del libro, la colaboración entre los Estados sigue siendo fundamental para alcanzar soluciones pacíficas y duraderas al reto de garantizar una adecuada gobernanza de los mares y océanos.

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