La reciente tipificación del dopaje como delito, al mismo tiempo que suscita algunas interesantes cuestiones de orden político criminal acerca del criterio que sustenta la decisión de intervenir con el Derecho penal ante las conductas recogidas en el artículo 361 bis del Código penal, abre un nuevo frente para las intromisiones en el ámbito de la intimidad personal del deportista con ocasión de la investigación criminal. Esta amenaza para un derecho fundamental, procedente de una quizá no suficientemente justificada intervención, aconseja revisar tanto la decisión de acudir al Derecho penal en estos casos, como el modo en que se ha ejecutado y sus implicaciones concretas para la intimidad y los datos personales del deportista.

El presente trabajo recoge, con este fin, una serie de estudios por medio de los que se analizan tales aspectos. De un lado, se han agrupado las contribuciones que profundizan en las distintas facetas que presentan las políticas de prevención, control y represión del dopaje, tomando como punto de partida la perspectiva constitucional y atendiendo también a los instrumentos internacionales existentes en la lucha contra el dopaje. De otro, se ha procedido a individualizar y valorar la problemática que representa la necesidad de tutelar el derecho a la intimidad en su doble vertiente, positiva y negativa, cuando se aplican las medidas en que se concreta el régimen instituido en materia de dopaje. Las conclusiones alcanzadas invitan a la reflexión y a considerar su plasmación en el diseño de las políticas de actuación pública en materia de prevención, control y represión del dopaje en el deporte.

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