La organización de los poderes públicos en general y del administrativo en particular no ha merecido hasta ahora en nuestro Derecho toda la atención que su importancia merece. A pesar de su invocación constante, menor aún es la prestada al poder o la potestad para establecerla, al punto de poder afirmarse que su construcción dogmática está verdaderamente por hacer. Este libro pretende recuperar para la organización el lugar que merece y, dando cuenta de las razones que la han determinado, contribuir a la superación de la expresada situación.

El poder de organización de las estructuras públicas y sus procesos decisionales y de acción, así como la organización misma y su funcionamiento constituyen sin duda aspectos centrales de la configuración y la dinámica del Estado.

La organización es, en efecto y al mismo tiempo, presupuesto y posibilitación del desarrollo y cumplimiento de las actividades estatales. Por razones obvias, el Estado no es otra cosa que organización y sólo puede actuar por intermedio de ella. De ahí, justamente, la estrecha relación funcional, que no competencial, entre, de un lado, responsabilidad, función o tarea estatal y, de otro, potestad-actividad de organización. Pues no sólo la organización condiciona la actividad material, sino que ésta induce necesariamente, a su vez y en su asunción y desarrollo, consecuencias organizativas. En particular, y por lo que hace a la función ejecutiva, ello significa, sencillamente, que allí donde haya un cometido, una actividad gubernativo-administrativa, ha de haber necesariamente también, en la medida necesaria, potestad organizatoria.

Sobre la base de su evolución histórica y tomando como referencia principal el Derecho continental europeo –el alemán- en que, por razones históricas, mayor atención teórica se le ha brindado, este trabajo aborda el encuadramiento de la potestad organizatoria en el orden de los poderes constituidos, el contenido y alcance de las determinaciones constitucionales de carácter organizatorio y las consecuencias que de ellas se siguen para el desarrollo –en su marco- de las estructuras públicas, especialmente las administrativas.

Al ser sin duda instrumento destacado para la organización administrativa, especialmente en su variedad “independiente”, el anterior estudio se complementa con el de la potestad reglamentaría, que forma la segunda parte del libro y en la que, junto al Derecho interno español, se analizan los ordenamientos europeos de mayor influencia en el nuestro.

Compartir: