La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de “medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros”, introduce en el Código penal la multirreincidencia (art. 66.5) y la conversión de faltas en delito (arts. 147.1, 234 y 244.1) con la finalidad, declarada en su propia Exposición de Motivos, de fortalecer la seguridad ciudadana frente a la delincuencia reiterada o profesionalizada.

La recuperación de estas medidas, que conllevan una notable agravación de las penas, ha reabierto un debate en nuestra sociedad sobre la necesidad y eficacia de las mismas para luchar contra la recaída en el delito.

Conscientes de la importancia de este problema, se dedica este trabajo a analizar esta opción, elegida por el legislador, de agravar las penas, desde el punto de vista de las garantías y principios constitucionales, y también se estudian las posibles alternativas político-criminales.

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