El día 20 de octubre de 2006, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. En el marco del Estado Constitucional de Derecho, la Jurisdicción Voluntaria es una de las piezas que queda todavía por encajar en el organigrama de la Administración de Justicia.

Nos encontramos ante la posibilidad de conformar una ley sustancialmente nueva, reguladora de una parcela relevante e imprescindible del Ordenamiento Jurídico, que sitúe la institución en sus justos límites, que racionalice, desjudicialice y redistribuya competencias entre distintos operadores jurídicos, sin magnificar su función social y sin identificarla con una mera supresión de plazos, formalidades y garantías.

La jurisdicción voluntaria judicial actual ha evolucionado desde su tradicional concepción de ejercicio pacífico de los derechos, hasta la actual tutela de derechos e intereses legítimos de menores, incapacitados, presuntos incapaces, personas con discapacidad, desvalidos, así como la protección de intereses generales, derechos de carácter indisponible y resolución de discordancias consideradas de relevancia menor, en el ejercicio de la patria potestad o en el seno de la comunidad conyugal.

La nueva Ley ,podría suponer el punto de partida para la elaboración de una Teoría General de la Jurisdicción Voluntaria, con principios informadores y reglas de procedimiento, que incardine esta materia en el campo de la ciencia procesal y la aleje de la mera técnica procedimental.

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