La actividad gubernativa sigue siendo hoy, sin duda, la menos conocida de las desplegadas en el seno del Poder Judicial, uno de los tres Poderes del Estado y, por ende, pilar esencial del Estado de Derecho. Se trata, desde luego, de una función altamente significativa, pues es la necesidad de garantizar la independencia de los órganos judiciales en el ejercicio de su función esencial, la jurisdiccional, lo que justifica la existencia de una estructura autoorganizativa en el marco del Poder Judicial –en cuya cúspide se sitúa el Consejo General del Poder Judicial- y la atribución de concretas competencias a sus órganos de gobierno.

La vocación de la presente obra es dar a conocer al público, en general, y a los profesionales del Derecho, en particular, las competencias gubernativas de que se hallan legalmente investidos los órganos del Poder Judicial –por supuesto, también el supremo órgano de gobierno de este Poder, el Consejo General del Poder Judicial-, así como el alcance de los actos en que tales competencias se concretan. Todo ello, sobre la base de los criterios asumidos por el Consejo -debidamente actualizados- con ocasión del ejercicio de sus funciones de fiscalización de la legalidad de los acuerdos adoptados por los demás órganos de gobierno, jerárquicamente dependientes, funciones que, principalmente representadas por la resolución de los recursos administrativos deducidos contra tales acuerdos, han permitido la conformación de lo que podríamos calificar como una verdadera “jurisprudencia administrativa”, de singular relevancia jurídica, cuyo examen ayuda a comprender mejor el concepto de “gobierno del Poder Judicial” y sus específicas manifestaciones en la práctica.

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