La juventud representa una etapa de la vida en la que se produce una progresiva incorporación al pleno ejercicio de los derechos cívicos. El derecho español dispone de normas concretas sobre las relaciones de los ciudadanos, mientras son jóvenes, con el poder público, a través de las instituciones y los órganos políticos y administrativos. Estas normas son de muy diverso origen, forma, rango, fuerza y valor: comprenden desde derechos fundamentales con protección constitucional hasta principios con mera fuerza indicativa.
El autor de esta obra analiza la ordenación jurídico-administrativa española de la participación juvenil, consecuente con el esquema constitucional y con las influencias del espacio transnacional europeo. La primera parte del libro trata el esquema competencial y organizativo que los poderes públicos han diseñado para abordar esta materia. En ello sobresale el papel preponderante, no excluyente, de las comunidades autónomas, así como el uso de técnicas de especialización funcional que revelan una organización administrativa compleja y desarrollada de forma asimétrica. La segunda parte está centrada en las normas estatales y autonómicas que han regulado cauces concretos de participación juvenil. Los poderes públicos han primado unos en particular sobre otros: los consejos de la juventud. Estos, con una concreción muy heterogénea a lo largo del tiempo y del territorio, despliegan a su vez vínculos de integración, complementariedad o contradicción con otras formas participativas reguladas.
En suma, el presente libro muestra cómo los poderes públicos afrontan jurídicamente, con mejor o peor fortuna, la incorporación de las sucesivas generaciones de jóvenes en la vida democrática del país, reconociéndoles por su edad como actores estratégicos del desarrollo común.

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