Conflicto ATLL: el TSJ da un plazo máximo de tres meses a la Generalitat para dar cumplimiento a la exclusión del concesionario

Es por completo inusual que se obligue cautelarmente a la Administración a cesar en su inactividad. Esto es lo que ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo contencioso-administrativo) por medio de un auto de 29 de abril de 2015 hecho público en las últimas horas. Responde a una solicitud de medida cautelar formulada en el marco de un contencioso dirigido contra la inactividad de la Generalitat de Cataluña en cuanto se resiste a dar cumplimiento a la anulación de la adjudicación de un importante contrato público (el convocado para la privatización de la red de abastecimiento de agua Ter Llobregat) que había sido acordada por el órgano de recursos contractuales de Cataluña en enero de 2012. La anulación se fundó en que el adjudicatario (Acciona Agua) debió quedar excluido por no cumplir su oferta las condiciones del pliego. El otro licitador (Agbar, representado por Muñoz Machado) viene exigiendo desde entonces el cumplimiento de lo resuelto por el órgano de recursos. La Administración, aunque recurrió la resolución anulatoria y solicitó su suspensión, es decir utilizó las vías de reacción previstas en la ley, ha incumplido sistemáticamente las sucesivas resoluciones judiciales que han ido denegando dicha suspensión y confirmando su inmediata ejecutividad. El asunto es delicado porque está en juego la eficacia de un mecanismo de control de los licitadores que viene exigido por el ordenamiento comunitario.

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