Código Penal y Ley General Tributaria: un enamoramiento que no fue fugaz (I)

El 28 de diciembre de 2012 –día de los Santos Inocentes– el BOE publicaba la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (sic). Se abría así un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho Tributario y, más en concreto, entre el Código Penal y la Ley General Tributaria, buques insignia de ambos ordenamientos. Unas relaciones que en pocos años han pasado de la nada al todo, del absoluto desconocimiento a una íntima amistad, gracias, sobre todo, a la generosidad de un legislador penal que, al principio de manera tímida y ahora de forma muy decidida, ha ido convirtiendo lo que era un portillo en puertas abiertas al legislador tributario. O, lo que es lo mismo, el espíritu, las formas y los procedimientos de la Administración Tributaria han ido ocupando los tradicionales enclaves del espíritu, las formas y los procedimientos penales. La historia se inicia allá por el año 1977, momento en que la Ley de 14 de noviembre de 1977 denomina como “delito fiscal”, lo que desde el Código Penal de 1870 hasta el de 1944 venía regulado bajo la denominación de “De la ocultación fraudulenta de bienes o de industria”, denominación que encubría una auténtica inanidad desde el punto de vista jurídico, atendida la prácticamente nula aplicación de los preceptos que tipificaban la ocultación fraudulenta de bienes o industria (…).

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