A VUELTAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA TRIBUTARIA O TARIFARIA DE LAS CONTRAPRESTACIONES DERIVADAS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. CONSECUENCIAS DE LA DEROGACIÓN DEL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 2.2.A) DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, por Juan Antonio Carrillo Donaire, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla

Pocas cuestiones han sido tan controvertidas en los últimos años como la de la naturaleza jurídica de las contraprestaciones que han de satisfacer los destinatarios del servicio de abastecimiento de aguas. La polémica ha venido en gran medida originada por la disparidad de criterios y la falta de claridad que ha presidido la legislación tributaria y su difícil armonización con la legislación hacendística local y con las normas que rigen el régimen de retribución de los servicios públicos.

Con carácter general, la naturaleza de tasa o tarifa de estas contraprestaciones se ha hecho depender tradicionalmente de dos criterios: el régimen jurídico que presida el servicio, bien el Derecho público o administrativo, bien el Derecho privado; de un lado; y, de otro, la naturaleza pública o privada del sujeto gestor. En este contexto, la Ley General Tributaria de 2003, aparentemente apoyada en la doctrina de la STC 185/1995 –pero forzándola en cierto punto-, hizo una definición a “contracorriente” de esa tradición que tuvo el polémico efecto de convertir automáticamente en tasas las contraprestaciones que percibían las empresas concesionarias que gestionaban servicios públicos “coactivos” (de solicitud o recepción obligatoria) de forma indirecta.

Frente a ello, la reciente derogación del inciso final del artículo 2.2.a) de la LGT operada por la Ley 2/2011 de Economía sostenible ha reorientado la naturaleza y el régimen de las contraprestaciones derivadas del servicio de abastecimiento a su lógica primitiva, que tiene en cuenta la titularidad y el régimen público o privado aplicable al gestor y al servicio como elementos definitorios de su consideración como tasa o tarifa, tal y como ha empezado a apuntar la más reciente jurisprudencia de los Tribunales.

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