Declara el Alto Tribunal que no se puede interesar la suspensión de la aplicación de una norma jurídica que aún no está en vigor; además, la adopción de la suspensión de una disposición general supondría un grave perjuicio a los intereses públicos

No accede el Tribunal Supremo a la medida cautelar de suspensión instada por IBERDROLA, S.A. del art. 515 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades de Capital; precepto que establece la nulidad de pleno derecho de las cláusulas de los estatutos de las sociedades anónimas que establezcan limitaciones a los derechos de voto de los accionistas. Señala la Sala que se pretende la suspensión de una disposición general, en cuya ejecución está implícito siempre un interés público preferente que solo puede ceder ante perjuicios intensos y cualificados, de carácter irreversible o irreparable. Dicha circunstancia no concurre en este supuesto, no sólo porque la norma no está en vigor, por lo que ningún daño puede producir, sino porque, conforme a lo dispuesto en el art. 130.1 de la LJCA, procederá la suspensión del acto o disposición impugnada cuando su ejecución pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso, es decir, cuando la futura sentencia no pueda llevarse a la práctica de modo útil, lo que ocurrirá cuando el posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia, lo que tampoco se da en este caso.

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