Diario del Derecho. Edición de 20/05/2022
  • ISSN 2254-4275
  • EDICIÓN DE 21/01/2011
 
 

La adjudicación en subasta judicial de bienes de una entidad empresarial está sujeta al IVA y no al ITP y AJD

 21/01/2011
Compartir: 

Declara la Sala que la venta efectuada mediante subasta judicial de bienes de una entidad empresarial, ha de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido y no por el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Según el art. 4 Vínculo a legislación de la Ley 37/1992 están sujetas al IVA las entregas de bienes realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, entendiéndose que la venta forzosa derivada de una subasta judicial, se conceptúa como entrega en el desarrollo de la actividad empresarial. Ello es así porque la actividad empresarial de un promotor inmobiliario está integrada tanto por la venta voluntaria como por la forzosa derivada de la necesidad de atender las deudas generadas en dicha actividad, pues la misma implica no sólo la obtención de ingresos sino también la obligación de pagar las deudas, soportando, en su caso, la ejecución forzosa del patrimonio, de modo que venta voluntaria y venta forzosa no son sino las dos caras de la misma actividad empresarial.

Usted no está suscrito a nuestro diario de noticias

Sólo los suscriptores pueden acceder al contenido completo del Diario.

Por favor, acceda con sus datos de usuario.

Si está interesado en acceder a este servicio durante un mes de forma totalmente gratuita sólo tiene que cumplimentar el formulario que figura a continuación:

Nombre:
Email:
Teléfono:
Organización:

Puede obtener mayor información a través del correo electrónico diario.derecho.municipalportalderecho.com o llamando al teléfono 91 548 82 81.

DIARIO DEL DERECHO MUNICIPAL

Nuestro Diario del Derecho Municipal pretende tenerle al día, de forma ágil y cómoda, de las novedades que se producen en el mundo jurídico en general y en el ámbito del régimen local en particular. Así, a través del Diario puede:

  • Acceder a noticias de actualidad,
  • Conocer las novedades legislativas y resoluciones judiciales de interés,
  • Disponer de una agenda de eventos académicos relacionados con el Derecho,
  • Informarse de la convocatoria de procesos selectivos en el ámbito local, y
  • Consultar una base legislativa especializada en la materia.

Además, el Diario del Derecho Municipal ofrece:

  • El acceso a la base legislativa general de Iustel, que integra, siempre a texto vigente, todo el Derecho positivo necesario para cualquier operador jurídico, debidamente sistematizado, comentado y vinculado con la jurisprudencia y la doctrina relacionada.
  • La publicación de artículos especializados, sobre las distintas instituciones del Derecho local, con especial atención a las a las particularidades autonómicas, habiéndose constituido al efecto un equipo compuesto por profesores de distintas Universidades,
  • La incorporación de un servicio de asesoramiento jurídico, a cargo de administrativistas establecidos en todas las Comunidades Autónomas, que permitirá la resolución personalizada de cuestiones de especial complejidad sobre régimen local, y que vendrá acompañado de un listado de FAQ’s o preguntas frecuentes de consulta general en la materia (En preparación),
  • La inclusión de un apartado dedicado a difundir ordenanzas locales de especial relevancia, sobre todas las materias de competencia municipal, y
  • La posibilidad de seleccionar los contenidos que se quieren recibir a través de la newsletter del Diario.

 

Noticias Relacionadas

  • La Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, se ajusta a derecho en cuanto obliga a las familias numerosas a contratar una tarifa más cara que en los hogares en los que solo vive una persona, y a soportar recargos por exceso de consumo en función del número de personas que conviven en el domicilio
    Se desestima el recurso interpuesto por la Federación de Familias Numerosas, que pretende la declaración de nulidad de la Orden ITC/3860/2007, por la que se revisan las tarifas eléctricas, en cuanto discriminan a las familias numerosas. Alega la recurrente la infracción del principio de igualdad, por considerar que las familias numerosas están obligadas a contratar, por el número de las personas que conviven en el domicilio, una tarifa más cara y a soportar recargos por exceso de consumo, en cambio, en los hogares en los que solo vive una persona, ésta se beneficia al soportar una carga económica menor. Sin embargo, las situaciones que se ofrecen como término de comparación no resultan equiparables, por lo que la diferencia productora de desigualdad resulta inadecuada para considerar que existe un trato discriminatorio contrario al art. 14 de la Constitución. En cuanto a la alegada infracción del mandato legal de protección a las familias numerosas y, concretamente, del art. 13 de la Ley 40/2003, también se desestima, pues de estas disposiciones no se infiere directamente el reconocimiento de un derecho de las familias numerosas a la aplicación de una tarifa bonificada por el suministro de energía eléctrica. 06/05/2011
  • Conforme al art. 65.2 en relación con el 56.1 de la LBRL, el plazo de 15 días que la Administración estatal o autonómica poseen para formular el requerimiento previo de nulidad del acto municipal que entienden infringe el ordenamiento jurídico, se computa a partir de que reciban de la Entidad Local la comunicación del mismo
    Ha lugar al recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Gobierno de Cantabria contra la sentencia que consideró que el requerimiento de nulidad previsto en el art. 65.2 de la LBRL, formulado por el recurrente al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue extemporáneo porque se realizó una vez que había expirado el plazo de 15 días, ya que la Administración autonómica, por medio de un tercero, tuvo conocimiento del acto que entendía infringía el ordenamiento jurídico. Afirma el TS que la doctrina contenida en la sentencia impugnada es errónea y gravemente dañosa para el interés general, ya que la convalidación del deber de remisión por la conducta de un tercero resulta singularmente perturbadora para la seguridad jurídica, pues siembra de incertidumbres el cómputo de un plazo cuyo día inicial ha sido fijado por la propia ley y vinculado al cumplimiento del deber previsto en el art. 56.1 de la LBRL. Respetando la situación jurídica particular derivada del fallo recurrido, fija la Sala como doctrina legal que: "A los efectos del art. 65.2 de la Ley 7/1985, el cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley". 05/05/2011
  • El TS considera que los informes practicados por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Obejo (Córdoba), tienen mayor valor que el emitido por el perito judicial; informes que señalan que la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias pretendida, carece de justificación
    No ha lugar al recurso contra la sentencia que confirma la resolución del Ayuntamiento de Obejo (Córdoba), por la que se acuerda no admitir a trámite la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias. Alega el recurrente que, frente al informe del perito judicial nombrado por la Sala, la sentencia da mayor valor a los informes practicados a instancia de la Administración y que han sido emitidos por los propios técnicos municipales, que apuntan que la modificación pretendida carece de justificación. Añade que se trata de un mero informe de parte, por lo que se le ha producido una total indefensión. La parte no empleó los medios procesales a su alcance si entendía que era improcedente la aportación de esas pruebas por el Ayuntamiento, por lo que no procede invocar ahora una supuesta indefensión. Además, la valoración del contenido de los informes y documentos obrantes en las actuaciones judiciales y en el expediente administrativo corresponde en exclusiva a la Sala de instancia, sin que la revisión de la valoración de la prueba tenga cabida en sede casacional, salvo excepciones, que no se dan respecto de la prueba pericial, sometida a la libre apreciación del juzgador según las reglas de la sana crítica. 04/05/2011
  • La naturaleza mixta público-privada de las Comunidades de Regantes, les permite impugnar los actos del Organismo de Cuenca, pues no está indefectiblemente integrada en la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico
    Ha lugar al recurso contra la sentencia que declara la inadmisión del interpuesto por la Comunidad de Regantes actora contra un acto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, inadmisibilidad fundamentada en la falta de legitimación para impugnar los actos del Organismo de Cuenca. Afirma el TS que las Comunidades de Regantes, aun tratándose de Entidades de Derecho Público, no están incursas en todo caso, como entendió la Sala de instancia, en la falta de legitimación prevista en art. 20 c) de la LJCA, porque, aun adscritas al Organismo de Cuenca que ejerce sobre ellas las potestades de tutela únicamente en los supuestos previstos en la Ley de Aguas, realizan fines de naturaleza mixta, referidos tanto a la consecución del interés general como a la satisfacción de los intereses privados de los comuneros, revistiendo esta última actividad analogía con las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos propios. Esta naturaleza mixta público-privada de su actividad impide su incardinación indefectible como integrante de la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico, existiendo una esfera importante de su actuación ajena e independiente de la Administración caracterizada por la consecución de los intereses privados de sus miembros. 03/05/2011
  • No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
    La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente recurrir a la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 14/04/2011
  • La Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones de Instalación de Elementos y Equipos de Radiocomunicación del Ayuntamiento de Coslada de 2002, se ajusta a Derecho en cuanto establece el uso compartido de instalaciones
    El Ayuntamiento de Coslada (Madrid) recurre en casación la sentencia que dispuso la anulación del art. 6 de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones de Instalación de Elementos y Equipos de Radiocomunicación del municipio, que posibilitaba compartir las infraestructuras y emplazamiento de dichas instalaciones de 2002, por considerarlo contrario al art. 30 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La Sala estima el recurso, pues entiende que la sentencia impugnada ha incurrido en incongruencia al anular todo el precepto cuando sólo se habían denunciado dos de sus apartados. En cuanto a éstos, declara su conformidad a Derecho, dado que la posibilidad de imponer el uso compartido de instalaciones queda sometida a un estrecho control referido a parámetros de protección urbanística, medioambiental, paisajística o sanitaria, pudiendo excluirse en casos de imposibilidad técnica o jurídica. 01/04/2011
  • La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón suprime el acuerdo por el que se instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud, para celebrar los juicios de las causas incoadas por los juzgados de Instrucción de esa localidad
    No acoge la Sala el recurso del Ayuntamiento de Calatayud interpuesto contra el Acuerdo del CGPJ, que confirmó la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de dejar sin efecto el acuerdo por el que se instauró el desplazamiento de un Juzgado de lo Penal de Zaragoza al partido judicial de Calatayud para la celebración de los juicios penales de los procedimientos abreviados instruidos por los Juzgados de Instrucción de dicha localidad. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el art. 269.3 de la LOPJ, motivó adecuadamente las razones que le llevaron a adoptar su decisión: tales como el carácter excepcional de la medida, su poca eficacia ante la carga de trabajo que pesaba sobre los Juzgados de lo Penal y la distorsión que suponían los desplazamientos, la mejora de las comunicaciones y la facilidad para viajar a Zaragoza, su supresión en otras provincias y su escasa o nula efectividad. Concluye el Supremo que la decisión organizativa y funcional tomada, responde a criterios de eficacia y eficiencia en la administración de los medios disponibles y ha sido adoptada por el órgano competente. 30/03/2011
  • No es suficiente utilizar la fórmula genérica consistente en la producción de “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, derivados de la actuación de la Administración, para entender que ésta ha incurrido en responsabilidad patrimonial
    La Sala, examina los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la jurisprudencia que los interpreta, y llega a la conclusión de que fue acertada la resolución del Presidente de la Agencia Tributaria que desestimó la solicitud de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el actor, por lo que entendía daños económicos, morales y psicológicos sufridos por la actuación de las Dependencias de Recaudación de las Delegaciones de la Agencia Tributaria de Madrid y Zaragoza al iniciar y continuar sendos procedimientos ejecutivos contra una deuda posteriormente anulada. El recurrente no ha acreditado cuáles han sido los daños producidos por la actuación de la Agencia Tributaria, no siendo suficiente utilizar la fórmula genérica utilizada aludiendo a “unos daños psicológicos, físicos y morales de gran importancia”, máxime cuando los efectos de las liquidaciones anuladas fueron sustituidos por las correspondientes devoluciones de ingresos más los intereses resarcitorios. 29/03/2011
  • ALTADIS está obligada al abono de intereses de demora, en relación con el IVA a la Importación, desde la fecha de importación de bienes hasta el periodo en que hubiera podido deducir las cuotas del IVA soportado; y no desde la fecha de realización de la importación hasta el momento de incoación del Acta de la Inspección
    Se interpone recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia que, confirmando el Acuerdo del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT, declaró procedente que por la entidad recurrente se abonaran intereses de demora en relación con el IVA a la Importación, correspondientes al período comprendido entre la fecha de realización de la importación hasta la fecha de incoación del acta de la Inspección. El TS señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto, según la cual, como el derecho a deducir nace con el devengo del impuesto -que en el caso de las importaciones de bienes coincide con la importación-, los intereses deben limitarse al plazo de tiempo transcurrido desde la fecha de la importación hasta aquélla en que el sujeto pasivo hubiera podido deducir las cuotas de IVA soportado, pues sólo en ese intervalo temporal, que en este caso fue de un mes, la suma adeudada dejó de estar ingresada en las arcas públicas. Es a ese mes al que ha de limitarse el pago de intereses por parte de la recurrente, por lo que el recurso de estima en ese aspecto. 25/03/2011
  • No están sujetos al IVA las prestaciones de servicios por sociedades mercantiles pertenecientes a entes locales
    La sentencia objeto del presente recurso de casación para unificación de doctrina, declaró ajustada a derecho la denegación a la entidad recurrente -Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón-, de su solicitud de devolución de ingresos indebidos, en referencia al IVA. La sentencia declaró improcedente la devolución en base a considerar que los servicios prestados por la empresa estaban sujetos al IVA, al actuar el Ayuntamiento por medio de la misma para realizar los servicios de limpieza-viaria, recogida tratamiento y aprovechamiento de residuos. El TS estima el recurso y señala que la sentencia impugnada no se ajusta a la doctrina sentada al respecto de la sujeción al IVA de la prestación de servicios públicos mediante sociedades privadas. Según dicha doctrina, cuando, como en este caso, las actividades se desarrollan materialmente por una empresa, pero lo hace jurídicamente el Ayuntamiento -como lo demuestra el hecho de que éste percibe la correspondiente tasa-, la empresa actúa bajo un régimen de Derecho Público, lo que supone la no sujeción al IVA. La empresa pasa a comportarse como un órgano dependiente del ente público, que no genera distorsión de la competencia, y que recibe transferencias del Ayuntamiento que no suponen una contraprestación, ya que están dirigidas a la financiación de la empresa para el desarrollo de sus funciones. 24/03/2011

Comité de Redacción

Coordinador:
Santiago Muñoz Machado

Secretario:
Juan Antonio Carrillo Donaire

Compuesto por más de 50 especialistas en Derecho Local

Conexión al Diario

Últimos estudios

Bases de Datos de Legislación Iustel

Ir a la base de datos de Legislación General

Ir a la base de datos de Legislación de Régimen Local

Publicaciones

Lo más leído:

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Libros:

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCALHISTORIA DE LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL
Autores: ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO, LUIS COSCULLUELA MONTANER
Precio: 155€ IVA incluido
Precio compra online: 147,25€ IVA incluido
Comprar
MANUAL DE DERECHO LOCALMANUAL DE DERECHO LOCAL
Obra colectiva, coordinada por: JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR, CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
autores: RAMÓN PARADA VÁZQUEZ, MARIANO BACIGALUPO, PILAR CELMA ALONSO, SILVIA DEL SAZ, CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR, RAFAEL GÓMEZ-FERRER RINCÓN, ENRIQUE LINDE PANIAGUA, MARTA LORA-TAMAYO VALLVÉ, SARA MEDINA GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ MONTERO PASCUAL
Precio: 39,5€ IVA incluido
Precio compra online: 37,53€ IVA incluido
EL GOBIERNO LOCAL. Estudios en homenaje al Profesor Luis Morell OcañaEL GOBIERNO LOCAL. Estudios en homenaje al Profesor Luis Morell Ocaña
Obra colectiva, coordinada por: ALBERTO RUIZ OJEDA
Precio: 95€ IVA incluido
Precio compra online: 90,25€ IVA incluido
Comprar

Catálogo 2011 en formato PDF

Catálogo completo de publicaciones

Síganos en Twitter

Síganos en Twitter

 
 

© PORTALDERECHO, Madrid, 2010-2022

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana