Diario del Derecho. Edición de 20/05/2022
  • ISSN 2254-4275
  • EDICIÓN DE 14/01/2011
 
 

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, condena a la Alcaldesa y al Concejal delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a la pena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por el tiempo de ocho años, por la comisión de un delito de prevaricación por la aprobación de un convenio urbanístico ilegal

 14/01/2011
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En la presente sentencia se condena a la pena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por el tiempo de ocho años, entre otros acusados, a Doña Trinidad Rollán Sierra y Don Francisco Martín Rojas -Alcaldesa y Concejal delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz-, como responsables de un delito de prevaricación del art. 404 del CP. A juicio de la Sala se dan todos los elementos del delito en la aprobación de un convenio urbanístico de permuta redactado y suscrito por Don Francisco Martín Rojas, a pesar de los informes desfavorables del Secretario e Interventor general del municipio; el destino del mismo era la construcción y comercialización de viviendas de venta libre, previa enajenación de terrenos de propiedad municipal que tenían la consideración de bienes patrimoniales, habiendo sido el convenio anulado por infringir el ordenamiento jurídico. No existe duda para el TSJ que la calificación del pacto como de permuta -soslayando la imposición legal de acudir a la subasta como medio normal de enajenar los bienes municipales- entrañaba un mecanismo engañoso, habiéndose adoptado en contra del ordenamiento jurídico, a sabiendas de su injusticia y produciendo un resultado injusto, pues los ciudadanos de la localidad perdieron, de un modo ilegal, la propiedad de un bien inmueble municipal. Por lo que se refiere a la comisión del delito por la Alcaldesa, si bien no consta que participara de manera directa y personal en la elaboración del acuerdo, no puede eludir su responsabilidad, pues existen en la causa factores objetivos de los que cabe inferir su plena consciencia acerca de la ilicitud del convenio que le correspondió aprobar.

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