La Administración Pública empleadora puede trasladar a sus trabajadores a un centro de trabajo de la misma empresa, cuando no suponga cambio de residencia, ni de categoría o grupo profesional, en los mismos supuestos y condiciones que un empresario privado

Afirma el Tribunal Supremo que, a falta de normativa legal, reglamentaria o convencional en la que pudieran mejorarse válidamente a favor de los trabajadores las condiciones contenidas en la normativa estatutaria, la Administración Pública empleadora, puede trasladar a sus trabajadores a un centro de trabajo distinto de la misma empresa, que no exija cambios de residencia ni comporte cambio de categoría y/o grupo profesional, en los mismos supuestos y condiciones que lo podría efectuar un empresario privado. No es necesario que la Administración empleadora, además de dictar resolución administrativa motivada, acredite las circunstancias invocadas para efectuar el cambio, siempre que su actuación se ajuste estrictamente a la legalidad, no incurra en abuso de derecho o fraude de Ley ni vulnere derechos fundamentales. Concluye el Tribunal que ya esta Sala estableció que el cambio de centro de trabajo efectuado en el ámbito de una misma localidad no revestía esencialidad, sino cualidad accesoria, porque, manteniéndose en su integridad el resto de las condiciones de trabajo de los afectados, la posible mayor onerosidad que pudiera determinar el desplazamiento al nuevo centro era escasa o muy relativa en la significación económica del contrato.

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