Falta de responsabilidad patrimonial de la Administración frente a la víctima de un accidente de tráfico cuya aseguradora fue disuelta. Relación de causalidad en los supuestos en que se imputa a la Administración un comportamiento omisivo

Se confirma la sentencia que desestimó la pretensión indemnizatoria que el recurrente instó a la Administración, tras sufrir un accidente de tráfico y haberle sido reconocido en vía penal una suma en concepto de responsabilidad civil, pero que no pudo hacer efectiva al ser disuelta la aseguradora por orden ministerial, ello, después de haber incumplido ésta la previa medida cautelar adoptada, en la que se ordenaba la suspensión de contratación de nuevos seguros; el causante del accidente había suscrito la póliza de seguro con posterioridad a la fecha en que se dictó la medida de la suspensión cautelar de contratación. Así, en el presente supuesto la lesión sufrida por el recurrente no habría sido ocasionada por un comportamiento activo de la Administración, sino por una ausencia de comportamiento que, de haberse producido habría evitada la lesión sufrida. En instancia se entendió que no cabía achacar a la Administración dejación de su función inspectora y supervisora, sino que provenía del incumplimiento por la compañía aseguradora de la medida cautelar que le había sido impuesta, y en este sentido, el TS señala que en los supuestos de comportamientos omisivos, es necesario que -junto con el dato de que el hecho que la intervención hubiese evitado la lesión-, exista, además, algún otro en virtud del cual se pueda hacer la imputación objetiva a la Administración. Aquí, la Administración hizo, a través de la medida cautelar adoptada, uso de las facultades que tenía para hacer frente a este tipo de situaciones en el ámbito del seguro privado, por lo que al no tener otras posibilidades no puede afirmarse que incumpliera un deber jurídico de actuar.

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