Los profesores de religión católica al servicio de la Administración, tienen derecho a participar en las elecciones a organismos unitarios dentro de sus centros de trabajo, y se hallan comprendidos en la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público

Declara la Sala que los profesores de religión católica son trabajadores por cuenta ajena al servicio de la Administración Pública, tal y como se desprende del tenor liberal del apartado 2 de la Disposición Adicional Tercera de la LO 2/2006, de Educación, y del RD 696/2007, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la citada Disposición Adicional, en cuyo art. 3 se prevé expresamente la necesidad de que la contratación y remoción de los mismos se atenga a los criterios de mérito y capacidad previstos con carácter general en el art. 103.3 de la CE. Lo único que ocurre con dichos trabajadores es que en su régimen jurídico rigen determinadas especialidades, como la de que para poder ser contratados por la Administración necesitan la “declaración eclesiástica de idoneidad”, exigida en el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado Español y la Sala Sede de 3 de enero de 1979. Ahora bien, tales especialidades no les excluye del régimen general del Estatuto Básico del empleado público, por lo que no existe impedimento alguno para que puedan ser tomados en cuenta a la hora de calcular la representación que legitima a los Sindicatos para participar en la Mesa General de Negociación que se constituya en cada caso.

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