El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto no admitir a trámite el recurso de casación promovido por el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le condena a devolver a una empresa inmobiliaria más de 3,3 millones de euros merced a una reclamación patrimonial promovida por la misma, por una liquidación de la tasa municipal de tramitación de convenios urbanísticos anulada en 2011 por el Tribunal Supremo.

La Audiencia Nacional (AN) fallará en este mes si procede obligar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar la limpieza definitiva de las 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro --así como sus administradores-- han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha criticado que los partidos políticos usen como arma política los tribunales y vayan "corriendo" a presentar denuncias o querellas "sin mucho fundamento" porque, a su juicio, "enturbian la convivencia", generan desazón e inquietud, y finalmente tanto los tribunales como los ciudadanos perciben que "no es serio".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Ana Isabel Jiménez (PSOE) junto a Cs, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número dos que le condena por "vulneración del derecho a la libertad sindical" de la sección de CCOO en dicha administración, en su vertiente de negociación colectiva, imponiéndole la obligación de indemnizar al sindicato con 5.000 euros por "la vulneración del derecho causado y por los daños".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado una sentencia previa, que anulaba la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de denegar la petición de una familia para que fuese admitido en un centro educativo concertado de Sevilla capital su hijo menor de cara al tercer año del primer ciclo del curso 2016/2017", pues según el Alto tribunal andaluz, "producida una vacante por encima de la ratio de 25 alumnos (por aula), no existe razón alguna para que un nuevo alumno deba ser admitido".

En el marco del litigio derivado del recurso del Grupo popular del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contra el acuerdo plenario de aprobación definitiva del estudio de detalle del viario de conexión proyectado por el Gobierno local del PSOE y Cs entre la plaza de Cervantes y la calle Conde de Guadalhorce, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un nuevo auto, en el que ratifica que "ha lugar" a la petición de los populares de suspender cautelarmente dicho documento de planificación hasta que se resuelva el litigio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto de un delito de abusos sexuales a un joven que había mantenido relaciones consentidas con una menor de 14 años cuando él tenía 20. En la sentencia, recogida por Europa Press, el tribunal subraya que el grado de madurez entre ambos era "próximo".

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta ha incluido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares (Jaén) en su segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia que supone dotar de medidas de autorrefuerzo a 25 órganos judiciales de la provincia de Jaén desde el pasado 15 de marzo y durante 23 semanas.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “COVID-19 y libertad religiosa”. Este libro pretende ser una primera contribución a los problemas jurídicos planteados por el COVID-19 en el ámbito de los derechos fundamentales, y en concreto en relación con la libertad religiosa.

Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado (BOE de 6 de abril de 2021). Texto completo.

Ley 3/2021, de 31 de marzo, de la Generalitat, de creación del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante y del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón (DOCV de 1 de abril de 2021). Texto completo.

Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado “Next Generation EU”, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19 (BOC de 1 de abril de 2021). Texto completo.

Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras disposiciones (BOJA de 31 de marzo de 2021). Texto completo.

Orden de 31 de marzo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA de 31 de marzo de 2021). Texto completo.

Orden 405/2021, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCAM de 3 de abril de 2021). Texto completo.

Orden de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 31 de marzo de 2021). Texto completo.

Orden Foral 10/2021 de 29 de marzo, de la Consejera de Salud por la que se modifica parcialmente la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BON de 31 de abril de 2021). Texto completo.

Por Juana Pulgar Ezquerra, Directora de la Revista General de insolvencias & Reestructuraciones ((I&R). Iustel, Catedrático de Derecho Mercantil UCM

El día 6 de abril de 2021 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Cristina Dexeus en el cual la autora opina que hay que dotar a la Fiscalía de una verdadera independencia.

La Sección de Derecho y Bienestar Animal del Ilustre Colegio de Abgoados de Málaga organiza, el día 16 de abril de 2021, el Webinar: Covid 19 “repercusión de medidas extraordinaria en los animales”.

El día 19 de abril de 2021 se celebrará, organizada por el ICAIB, la Conferencia en línea: “Seguro y COVID”.

El TS estima el recurso interpuesto por la mercantil actora y revoca la sentencia que, en materia de incumplimiento de la normativa catalana sobre alojamientos turísticos, confirmó el requerimiento de la Generalidad de Cataluña para que eliminase de su página web todo el contenido relativo a empresas y establecimientos turísticos localizados en Cataluña en el que no constase el número de inscripción en el Registro de Turismo de la Comunidad Autónoma, bajo apercibimiento de multa coercitiva.

El TS declara haber lugar al recurso interpuesto, y, con revocación de la sentencia impugnada, condena en costas a las aseguradoras que de manera temeraria en su acusación introdujeron a los recurrentes en el proceso penal iniciado por delito de daños, en concepto de responsables civiles subsidiarios.