Entre el 29 de junio de 2005, fecha de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y el 30 de junio de 2020 se han recibido en los juzgados de violencia contra la mujer 1.896.328 denuncias, según los datos que ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha otorgado el amparo a un ciudadano que fue investigado por un juzgado valenciano por un presunto delito contra la salud pública, lo que mereció que cumpliera prisión preventiva, si bien posteriormente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Valencia en junio de 2011.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por el histórico dirigente comunista Gerardo Iglesias por presuntos delitos de lesa humanidad atribuidos a un policía, por la atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos y la validez de la Ley de Amnistía.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de prisión a los agentes de la Policía Local de Palma por un delito de coacciones a Sonia Vivas, compañera de la unidad motorizada.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la devolución al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Catellón de las actuaciones contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias para que agote la investigación en el denominado caso 'Dina' y en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha formalizado este miércoles el traslado de juzgado de uno de los instructores más veteranos de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ya sustituía desde hace semanas en el Juzgado Central número 5 de forma provisional a su compañero José de la Mata, ahora representante de España en Eurojust, en el órgano que instruye la 'Caja B' del PP. Ha obtenido el puesto al ser el aspirante más antiguo que optó al mismo.

Los tres partidos judiciales de Teruel tendrán digitalizados para final de año los registros civiles de todos los ayuntamientos de la provincia, una mejora que conllevará beneficios directos para los turolenses. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha acudido este martes a la Audiencia Provincial y a la Diputación Provincial de Teruel para trasladarles los proyectos en detalle.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Junta y a su Aseguradora, Mapfrer Familiar, a abonar una indemnización de 60.000 euros a M.H.N. por los daños causados a su hijo en el momento del nacimiento al no practicársele una cesárea de urgencia.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y dos funcionarios por supuestamente no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando el ahora diputado era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “La Contratación Mercantil. Derecho de los contratos mercantiles. Derecho de los títulos valores” que surge en una realidad en profundo cambio, empujada por la globalización neoliberal y la digitalización. En los sistemas jurídicos la contratación mercantil acumula una creciente complejidad para atender a la nueva economía financiera y digital mediante la interacción de las políticas de protección de los consumidores y usuarios finales, la armonización legislativa de la Unión Europea y la revitalización de la nueva lex mercatoria.

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información (BOE de 28 de enero de 2021). Texto completo.

Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar (BOE de 28 de enero de 2021). Texto completo.

Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BORM de 27 de enero de 2021). Texto completo.

Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan su composición y funciones (DOG de 27 de enero de 2021). Texto completo.

Decreto 13/2021, de 22 de enero, del Consell, de modificación del Decreto 60/2019, de 12 de abril, del Consell, de organización y funcionamiento del Jurat Economicoadministratiu (DOCV de 27 de enero de 2021). Texto completo.

El día 28 de enero de 2021 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Antonio Muñoz Vico en el cual el autor considera que al consumarse el Brexit, los británicos dejan de ser nacionales de un Estado de la Unión y vuelven a regirse por la legalidad internacional.

Los días 18 y 19 de febrero de 2021 se celebrará en Barcelona el “I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad”.

El Colegio de Abogados de Murcia ha organizado un Mesa Redonda Online sobre los aspectos prácticos y novedades sobre sanciones derivadas del Estado de Alarma y del Covid-19 en vía administrativa y contencioso administrativa que tendrá lugar el día 10 de febrero.

La práctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial únicamente a los trabajadores discapacitados que hayan presentado un certificado de discapacidad después de una fecha que él mismo haya elegido puede constituir una discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad.

Un Estado miembro de la zona euro puede obligar a su Administración a aceptar pagos en efectivo, pero también puede limitar esta posibilidad de pago por razones de interés público. Dicha limitación puede estar justificada, en particular, cuando el pago en efectivo pueda generar un coste irrazonable para la Administración debido al elevado número de contribuyentes.