Foto: Comisión Interasociativa de jueces y fiscales

Unos doscientos jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid han pedido este viernes la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una concentración organizada por la Comisión Interasociativa a las puertas de la sede del Ministerio, y han amenazado con convocar una huelga en el mes de diciembre si mantiene la Ley de Tasas, además de modificar otros proyectos legislativos en los que trabaja el Gobierno.

Plantea que sólo los asuntos "más graves" lleguen al juez y la oposición denuncia el "hito histórico" del rechazo general a la ley

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Asamblea de Extremadura y el Parlamento de Navarra contra varios artículos del Real Decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado por el Gobierno central el pasado mes de julio.

El Tribunal Supremo ha reducido a la mitad la pena de 8 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a un hombre que acuchilló a otro durante una fiesta familiar al considerar que se le debería haber aplicado la eximente incompleta de intoxicación etílica.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mantendrá el hoy un almuerzo con el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, y con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

El Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes por amplia mayoría rechazar los recursos presentados por 24 presos de ETA que siguen cumpliendo condena gracias a la denominada 'doctrina Parot'. no han entrado a debatir, por no ser aún firme, la posible aplicación a estos supuestos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por utilizar esta doctrina para alargar penas de cárcel.

Foto: Registros en el marco de la 'Operación Emperador'

Desestima otros dos recursos, uno porque el arrestado no fue entregado al juez fuera de plazo y otro porque no lo alegó

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha imputado al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, al exconseller de Interior y ex delegado del Gobierno, José María Rodríguez, al dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, y otros exaltos cargos del Ejecutivo autonómico por un presunto desvío de fondos en la contratación irregular de Over en el marco de la feria FITUR de 2004 y 2005, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias informativas para descubrir cómo llegaron a diversos medios de comunicación los videos oficiales con las declaraciones de dos personas imputadas en el caso del Madrid Arena.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma apunta a un presunto desvío de unos dos millones de euros en las ferias de turismo de 2004 y 2005 organizadas por el Gobierno balear, unos hechos que están siendo indagados dentro de una nueva línea de investigación abierta en el caso Ibatur y por la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción han sido imputados entre otros el expresidente del Ejecutivo autonómico Jaume Matas y el exconsejero de Interior José María Rodríguez.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la nulidad de un contrato de operaciones financieras suscrito entre una empresa y una entidad bancaria, al considerar el tribunal que la entidad no explicó al cliente los riesgos del producto, un swap que la mercantil suscribió en la creencia de que firmaba otra clase de contrato.

Foto: Ciudad De La Justicia De Valencia

Un juzgado de Valencia mantiene abierta una causa en la que están imputados unos 30 miembros de una presunta mafia china por los delitos de blanqueo de capitales y de contrabando de tabaco y de marcas, según ha podido saber Europa Press. Se trata de la segunda organización china más importante asentada en España desde finales de los años 90, por detrás de la mafia desarticulada hace unas tres semanas en Madrid, bajo el nombre de 'Operación Emperador'.

Foto: Consuelo Ordóñez y Javier Zaragoza

El fiscal jefe dice que la AN trabaja para evitar la prescripción de los crímenes de ETA y su reapertura con el fin de "conocer la verdad"

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado parcialmente una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid que condenó a Mediapro a pagar 105 millones de euros a Audiovisual Sport --empresa participada al 80% por Sogecable (antigua Prisa TV) y al 20% por Televisión de Cataluña-- por incumplir el contrato firmado en 2006 sobre los derechos del fútbol, según ha señalado Prisa en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mediapro por su parte ha informado a Europa Press que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

El III Congreso Internacional de Justicia Juvenil ha concluido con el llamamiento de los expertos para potenciar una "estrategia común" de prevención, cooperación e investigación con las instituciones internacionales con el fin de luchar contra la conflictividad juvenil y la reincidencia.

El día 19 de noviembre de 2012, se ha publicado en el diario La Vanguardia, un artículo de Joaquín Tornos Mas, en el cual el autor considera que ha llegado el momento de repensar el Estado autonómico desde el rigor, el conocimiento y la valoración de lo ya vivido y que para ello es necesario reconocer los errores, hablar con rigor y formular propuestas jurídicamente sólidas. En este sentido recomienda la lectura del libro Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, de Santiago Muñoz Machado, un análisis profundo de la realidad actual, con propuestas para reformar nuestro sistema institucional.

El Derecho de la Unión reconoce a los pasajeros aéreos un derecho a compensación que varía en función de la distancia y del destino del vuelo cancelado, a menos que la cancelación se deba a circunstancias extraordinarias, es decir, aquellas que no podrían haberse evitado aunque el transportista hubiera tomado todas las medidas razonables. Los pasajeros pueden invocar este derecho ante los órganos jurisdiccionales nacionales, si bien la normativa europea no precisa el plazo en que pueden ejercitarse las acciones de indemnización.

El administrador de infraestructuras está obligado a proporcionar en tiempo real a las empresas ferroviarias todas las informaciones sobre los enlaces efectuados por otras empresas ferroviarias

Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre (BOE de 24 de noviembre de 2012) Texto completo.

Decreto Foral 121/2012, de 14 de noviembre, por el que se crea el Hospital de Día Psicogeriátrico de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (BON de 23 de noviembre de 2012(. Texto completo.

El día 26 de noviembre de 2012, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de Enrique López, en el cual el autor opina sobre la concentración de los jueces en contra de las tasas judiciales.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección. Podrán tomar parte en el mismo los miembros de la Carrera Judicial que hubieren alcanzado la categoría de Magistrado/a y hayan computado, al menos, cinco años de servicios en aquella.

La Comisión de la Memoria Histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona organiza las Jornadas: Cinco años de vigencia de la Ley de la Memoria Histórica. Se celebrarán el viernes día 30 de noviembre de las 9,30h - 19,00h en la 8.ª planta de la Sede Colegial.

Los días 29 y 30 de noviembre de 2012, se celebrarán en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real las “XVII Jornadas de Derecho Constitucional: el derecho de reunión y manifestación”.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia que declaró no haber lugar a la pretensión de una trabajadora de que le fuera otorgado un subsidio de desempleo para mayores de 52 años, por entender el tribunal de instancia que la actora no reunía el período de carencia mínimo legalmente exigido, pues del tiempo que cotizó en Francia, debían excluirse los 16 trimestres que se incluyeron como asimilados por cuidado de hijos, dado que los mismos sólo podían ser tenidos en cuenta para la jubilación y no para la prestación solicitada.

Se interpone recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia que estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo formulado por la recurrente frente a las Resoluciones de la Consejería de Trabajo e Industria de la Generalidad de Cataluña, por las que se le impuso una sanción de multa en materia de prevención de riesgos laborales, rebajando la cuantía de la misma.