El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que su proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales "frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", registrada este viernes, busca "impedir los mecanismos de acoso" por parte de grupos "ultras" que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, que es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas".

El instructor del caso contra el fiscal general del Estado, el magistrado Ángel Hurtado, ha acordado que las partes solo podrán ver los vídeos de las declaraciones acudiendo al propio Tribunal Supremo (TS), si bien se les notificará la transcripción de las mismas, con el objetivo de evitar filtraciones.

El Tribunal Supremo (TS) ha citado para el próximo jueves a dos testigos clave en el caso donde se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra el Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata del fiscal que le investigó por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, y de la fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la medida de apoyo de seis meses para reforzar el Juzgado de lo Social 5 de San Sebastián y atender así los asuntos pendientes acumulados por una jueza sustituta, ya apartada de su función, con 198 sentencias por dictar de juicios celebrados, ocho casos pendientes de auto de aclaración y tres pendientes de auto entre 2023 y 2024, solicitada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La Audiencia Nacional (AN) ha admitido a trámite el recurso impulsado por Ecologistas en Acción con el que se pretende obligar al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a efectuar la descontaminación radioactiva de Palomares (Almería) tras desechar los motivos de oposición esgrimidos por la Abogacía del Estado, a la que impone las costas del proceso.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha confirmado la condena de un año y nueve meses de prisión y multa de 1.080 euros a un procurador por el delito de apropiación indebida por ingresar en una cuenta bancaria de su titularidad 140.100 euros obtenidos en la subasta celebrada en un procedimiento de ejecución hipotecaria por una entidad bancaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado el recurso de un supervisor de una cafetería Starbucks que fue despedido por uso fraudulento del descuento de empleados.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha condenado al Gobierno de Aragón por infringir el derecho fundamental a la educación entre 2019 y 2023 debido a "la insuficiencia de medios en varios centros escolares, unos ordinarios y otros de educación especial".

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos penas de prisión permanente revisable al hombre que asesinó a una pareja de ancianos en su piso en el barrio de Sants de la ciudad en 2019 con el objetivo de encubrir que les había estafado y robado dinero y joyas.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a nueve años de prisión al exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería) por dos delitos de agresión sexual a una menor, uno de ellos de modo continuado, a la que también facilitó cannabis.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “La ordenación del litoral: un desafío para legisladores y administraciones públicas” que analiza el régimen jurídico de la ordenación del litoral; se estructura en tres partes: una primera que se refiere a la delimitación del litoral; una segunda, centrada en el régimen de distribución de competencias de este espacio; y, una tercera, que profundiza sobre los instrumentos de ordenación del litoral existentes.

Decreto 494/2024, de 23 diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación (BOPV de 10 de enero de 2025). Texto completo.

Directiva (UE) 2025/50 del Consejo, de 10 de diciembre de 2024, relativa a un ajuste de las retenciones en origen practicadas en exceso más rápido y seguro (DOUE de 10 de enero de 2025) Texto completo.

Directiva (UE) 2025/25 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, por la que se modifican las Directivas 2009/102/CE y (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (DOUE de 10 de enero de 2025) Texto completo.

El día 9 de enero de 2025 se ha publicado, en el Faro de Vigo, un artículo de Ramón Trillo, en el cual el autor habla de la función moderadora del Rey en lo que al funcionamiento regular de las instituciones se refiere.

El día 11 de enero de 2025 se ha publicado, en el diario El Español, un artículo de Agustín Ruiz Robledo en el cual el autor opina que el modelo Muface es el más conforme con la Constitución de 1978 porque es el que proporciona más libertad a los ciudadanos y más constriñe a los políticos.

El día 12 de enero de 2025 se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Javier Tajadura Tejada en el cual el autor opina que algunas de las limitaciones propuestas por el PSOE son razonables, pero otras suponen la desnaturalización de una institución que tiene una importante función en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.

Los días 27 y 28 de febrero de 2025 se celebrará, en Benidorm, el 9.º Congreso Profesional del Mediterráneo.

El día 21 de febrero de 2025 tendrá lugar la Jornada Internacional “La Modernización de la Jurisdicción civil en el ámbito del Derecho de consumo”, en la Facultad de Derecho de la UAM, para presentar los resultados del Proyecto I+D+I titulado “Hacia un Derecho procesal de consumo”.

Se plantea en el recurso si, en un supuesto en que, prescrito el derecho a liquidar la herencia en la que se desmembró el dominio, al liquidarse la consolidación del dominio con posterioridad, han de aplicarse las reducciones por parentesco de forma íntegra o, por el contrario, solo las reducciones que resten por aplicar.

Ha lugar al recurso interpuesto por la entidad bancaria recurrente que fue condenada como avalista colectiva a pagar la totalidad de lo anticipado por la parte compradora a la promotora a cuenta del precio de tres viviendas en construcción; condena que es revocada por la Sala, toda vez que la Ley 57/1968 no es aplicable a la compradora al tratarse de una sociedad mercantil.