El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) contra la regulación reglamentaria de las costas en la vía económico-administrativa, según ha informado la asociación en una nota.

Foto: Colegio Valdeluz

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 49 años, 5 meses y 21 días de prisión impuesta al exprofesor del colegio Valdeluz Andrés Díez como autor de doce delitos de abuso sexual a menores alumnas suyas cometidos entre 2002 y 2014.

El Tribunal Supremo ha reconocido la "legitimación" de la Asociación de Colegios Privados Independientes (CICAE) para defender a sus centros asociados, señalando que la asociación tiene como uno de sus fines la defensa de la identidad propia de la enseñanza privada independiente y de los intereses económicos y profesionales de sus asociados ante cualquier organismo.

El Defensor del Pueblo ha vuelto a solicitar al Ministerio de Justicia explicaciones sobre "la excesiva dilación apreciada" en la fase administrativa de tramitación de las solicitudes de indulto, que depende de este departamento y que es previa al obligado estudio y fallo por parte del Consejo de Ministros.

El Jurado del Premio Pelayo ha otorgado el galardón de la XXV edición a D. Antonio Garrigues Walker, por su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado los recursos de suplicación de las empresas Be Live Hotels y Genser contra la sentencia que declaraba nula la subrogación del servicio de pisos en los hoteles Be Live La Niña y Be Live Orotava Palace.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, ha admitido a trámite el recurso de Ciudadanos contra el acta de la Junta Electoral de Zona, de fecha 4 de junio, de proclamación de electos en el municipio de Segovia en relación con las elecciones locales del pasado 26 de mayo.

Foto: Fachada del TSJCV

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de un denunciante de un delito de lesa humanidad y de torturas por parte de la Brigada Político Social durante el Franquismo, que reclamaba que el caso siguiera adelante y no se decretara la prescripción de los delitos que había acordado un Juzgado de Instrucción.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha comprometido a estudiar alternativas para trasladar la sede judicial de Marchena (Sevilla) a una de las localizaciones que plantea el Ayuntamiento de la localidad de la campiña sevillana.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE GENÉRICA DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO”, que pretende abarcar la comprensión integral de la agravante genérica de discriminación por razones de género y resolver las cuestiones que puedan surgir al respecto de la misma.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3135-2019, contra los artículos 27.5, 30, 104.1.b), 105.1, 106.2 y 3, 107.2 y 3, 108, 109, 110, disposiciones transitorias primera, cuarta, apartados 4 y 5 y quinta, apartados 2 y 3; y disposición final segunda, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana (BOE de 12 de junio de 2019). Texto completo.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1195-2019, contra diversos artículos de la Ley 6/2018, de 26 noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE de 12 de junio de 2019). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2560-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo párrafo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª CE (BOE de 12 de junio de 2019). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2561-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo párrafo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1.1.ª, 13.ª, 18.ª y 23.ª de la CE (BOE de 12 de junio de 2019). Texto completo.

El próximo día 17 de junio, tendrá lugar a las 18.30 horas, en el ICAB Palma, la charla: "Honorarios: aspectos generales y problemas más frecuentes".

Los próximos días 19 y 20 de junio, de 17.00 a 20.00 horas, tendrán lugar en el Salón de Actos del ICAMUR, las Jornadas sobre La Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Región de Murcia.

El objeto del presente recurso consiste en determinar -con interpretación del art. 142.5 de la Ley 30/1992, actual art. 67.1 de la Ley 39/2015, y sobre la base del diferente criterio que mantiene la Sala Tercera y la Sala Primera del TS- si, en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por secuelas derivadas de una accidente o prestación sanitaria determinante de una declaración de incapacidad laboral, el “dies a quo” del plazo de un año para reclamar se ha de situar en la fecha en la que -con conocimiento del afectado- se estabilizaron definitivamente las secuelas, como sostiene sin fisuras la jurisprudencia de la Sala Tercera, o, como viene manteniendo la jurisprudencia de la Sala Primera, desde la fecha de la resolución administrativa o de la sentencia firme del orden social que declare tal situación de incapacidad.

Se confirma la sentencia que consideró que el mensaje publicado en Facebook por la ahora recurrente constituyó intromisión ilegítima en el derecho al honor de la persona contra la que iba dirigido. Señala la Sala que en el presente litigio el conflicto se ha producido entre el derecho al honor y la libertad de expresión, para lo cual se ha de realizar una ponderación entre uno y otro derecho fundamental: la relevancia pública o el interés general de la cuestión sobre la que se ha vertido la opinión; y la necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones, ya que se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias, que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la opinión o la idea crítica.