El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido este viernes al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Graduados sociales su colaboración para la puesta en marcha del plan de agilización de juzgados y tribunales una vez finalice el estado de alarma declarado por el coronavirus y se reanuden los plazos procesales suspendidos.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido este viernes la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el covid-19, donde se ha puesto de manifiesto que el parón económico afectará sobre todo a los juzgados de lo social, contencioso-administrativos y mercantiles, que contarán con un plan especial de reactivación procesal.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha contactado con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y con los operadores jurídicos que participarán en diseño del plan de agilización en la jurisdicción social, contenciosa-administrativa y juzgados de lo mercantil para la reanudación de la actividad judicial una vez se levante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

Las cuatro asociaciones de jueces han mostrado este jueves al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su disposición a colaborar en el diseño de los planes de agilización de la jurisdicción social, contenciosa-administrativa y de los juzgados de lo mercantil que se pondrán en marcha una vez concluya el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, de cara a atender la avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha autorizado este jueves la firma de un convenio de colaboración con la Confederación Autismo España para desarrollar acciones en favor de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y sus familias en el ámbito judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado este jueves una decisión de la Comisión Europea por la que reclama a España recuperar una parte de ayudas agrarias al sector en Andalucía durante el periodo 2009 y 2010 tras detectar irregularidades, en una decisión que anula una sentencia anterior del Tribunal General de la UE que sí dio la razón a España.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha rechazado adoptar medidas cautelarísimas para obligar al Ministerio de Justicia a que entregara de forma inmediata equipos de protección contra el coronavirus a los funcionarios de la administración que están prestando servicios esenciales durante el estado de alarma.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha requerido al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, para que provea a su plantilla de material de protección frente al coronavirus "con carácter urgente e inmediato", como ha solicitado el sindicato ELA en una demanda presentada este pasado jueves.

El Gobierno de Cantabria ha propuesto al Ministerio de Justicia retomar una actividad "mínima" en los juzgados y tribunales, con el fin de hacer frente "cuanto antes" al incremento de los procedimientos cuando se levante el estado de alarma y se reanude la actividad judicial.

La Comisión de Seguimiento de la crisis sanitaria COVID-19 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha insistido, en la reunión celebrada este viernes, en la recomendación de que los pases a disposición judicial, siempre que la tecnología disponible así lo permita, se realicen de forma telemática.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la sexta edición de la obra “Derecho de los Negocios Internacionales”. A partir de la realidad actual de la práctica de los negocios internacionales, el libro analiza con rigor los principales sectores reguladores de la actividad comercial internacional. Esta sexta edición incorpora las novedades producidas en estos sectores, que son especialmente dinámicos.

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 4 de abril de 2020). Texto completo.

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE de 4 de abril de 2020). Texto completo.

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC de 3 de abril de 2020). Texto completo.

Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas (BOC de 3 de abril de 2020). Texto completo.

Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del Covid-19 (BOPV de 3 de abril de 2020). Texto completo.

Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre los servicios esenciales en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 3 de abril de 2020). Texto completo.

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2020, de dicha Consejera, sobre los servicios esenciales en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 3 de abril de 2020). Texto completo.

El día 6 de abril de 2020 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Belén Becerril, en el cual la autora explica que los Tratados disponen que las competencias en salud pública permanecen en manos de los Estados miembros.

El día 6 de abril de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Carlos Vidal Prado, en el cual el autor opina que el derecho a informar y a obtener información, la libertad de expresión y comunicación, garantizan la formación de la opinión pública libre, sin la cual no puede haber un régimen democrático.

El día 5 de abril de 2020 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Álvaro Redondo Hermida en el cual el autor considera que sostener el Estado de Derecho, asegurando el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, es la gran exigencia del momento.

La Fundación Mutualidad Abogacía presenta su Octava Edición de los “Premios a la Excelencia Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía”. Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 31 de mayo de 2020.

El día 6 de mayo de 2020 se celebrará, en el ICAB, la Conferencia: 'Cuestiones en torno a la nulidad y la ineficacia de los testamentos'.

El Tribunal de Justicia declara la inadmisibilidad de dos peticiones de decisión prejudicial relativas a las medidas polacas de 2017 que establecen un régimen de procedimiento disciplinario contra los jueces. Sin embargo, el hecho de que un juez nacional haya planteado una cuestión prejudicial que resulte inadmisible no puede conllevar que se incoen procedimientos disciplinarios contra él.

Los contratos de crédito al consumo deben especificar de forma clara y concisa el modo de computar el plazo de desistimiento. No basta con que, en relación con la información obligatoria cuya comunicación al consumidor determina el momento de inicio del plazo de desistimiento, el contrato remita a una disposición legal nacional que, a su vez, remite a otras disposiciones nacionales.