El Partido Popular (PP) borró el contenido de los discos duros de los dos ordenadores que su extesorero Luis Bárcenas utilizó en la sede de la calle Génova de Madrid y que la formación política entregó la pasada semana por orden del juez que investiga la supuesta contabilidad del partido, Pablo Ruz, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Foto: Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas

El abogado Javier Gómez de Liaño, que representa al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, ha calificado de "llamativa" la diligencia relativa al volcado de los ordenadores entregados por el partido a la Audiencia Nacional y en la que "ha habido alguna sorpresa". Según ha manifestado, visitará a su cliente en la cárcel de Soto del Real para preguntarle sobre los pormenores conocidos en la diligencia.

Foto: Luis Bárcenas

Jueces para la Democracia pregunta por la fecha exacta en que el PP borró toda la información de los discos duros

Renfe ha remitido este jueves al juez Luis Aláez, del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, que instruye las diligencias por el accidente ferroviario del 24 de julio, la documentación que le fue solicitada en un auto emitido el 20 de agosto.

Foto: Daniel Galván siendo detenido en Murcia

La titular del juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja (Alicante) ha citado a declarar para este sábado al pederasta condenado en Marruecos Daniel Galván, en relación a una denuncia presentada por un padre de la localidad por presuntos abusos sexuales cometidos contra su hija en 2004, que ha sido localizada por la Guardia Civil, después de que se fugara del centro en el que estaba acogida.

Se recurre en casación por el Notario autorizante de una escritura de ampliación y modificación de préstamo hipotecario, la sentencia que estimó en parte la demanda formulada por un Registrador de la Propiedad contra Resolución dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, para que se revocara dicha resolución declarando la procedencia de la calificación negativa efectuada por el demandante.

Decreto 220/2013, de 27 de agosto, por el que se modifica el Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria (DOGC de 29 de agosto de 2013). Texto completo.

La tesis que deseo exponer en esta ponencia es la siguiente: España se encuentra al final de una etapa histórica. Son muchos los síntomas de esta situación: denuncias diarias de corrupción en políticos e instituciones, cifras de un desempleo que nos agobian, descarrilamiento del sistema de Comunidades Autónomas, falseamiento de la representación política mediante partidos de empleados, una ley electoral mala, desfiguración del régimen parlamentario, quiebra del principio de separación de poderes, una Administración de Justicia politizada. Hace poco más de un año, el 24 de enero de 2012, expuse en esta Real Academia las deficiencias del régimen político español. Mis observaciones de ese día son ahora más entristecedoras. Se acentuaron, en los últimos meses, los fallos y los errores en la aplicación del sistema. La reacción ciudadana ha de ser urgente, ya que asistimos a una descomposición total. Ante semejante panorama político debemos actuar impulsando otra manera de organizar nuestra convivencia pública. Afortunadamente sabemos lo que nos pasa y podemos poner en circulación los remedios oportunos. (Como contraste, la advertencia de Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo XX: “No sabemos lo que nos pasa, y esto es lo que nos pasa”) (…).

Los días 12 y 13 de septiembre, se celebrará en Santander, dentro del Programa de Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, el Curso “La Ley 7/2012 de medidas contra el fraude: análisis práctico”.

El día 3 de octubre de 2013, se celebrará, en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, la Conferencia: 'Responsabilidad de los profesionales versus los usuarios en centros residenciales y sociosanitarios'.

Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia de suplicación que estimando el recurso de la empresa, revocó la sentencia de la instancia que había declarado la extinción del contrato del recurrente por causas objetivas como despido improcedente.