El Tribunal Constitucional ve posible la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi, si no se compromete la unidad del sistema o se cuestiona la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social y si se firman los oportunos convenios en el seno de la comisión mixta de transferencias, tal como prevé el Estatuto de Gernika.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de siete años de prisión al miembro de la banda terrorista ETA Andoni Goicoetxea al considerar que existen suficientes pruebas para condenarle por un delito de tenencia de explosivos. En este sentido, rechaza el argumento de la defensa sobre que todos los indicios que hay contra él son "fruto de una casualidad".

El Tribunal Supremo ha anulado la condena de tres años y ocho meses de prisión impuesta a un vecino de Las Matas (Madrid) por apropiación indebida de más de 430.000 euros procedentes de las cuentas bancarias de su suegra, con la que continuó vivió después de que su mujer falleciera y tras recibir un poder de ésta para que administrara sus bienes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cree necesaria la articulación de un plan extraordinario de refuerzo en aquellos juzgados de lo Social que acumulan mayor número de procesos de despido pendientes de resolver. El objetivo es reducir el coste del Estado en salarios de tramitación tras constatar un importante aumento de este tipo de asuntos que incide de forma directa en los plazos de resolución.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha defendido este viernes la idea de que "los jueces pueden tener opinión pero no pueden ser correa de transmisión de un partido político", frente a las voces que apuntan en la dirección contraria.

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat al Asad, tío del actual presidente Bashar al Asad, y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenencia a una organización criminal que ha podido blanquear en España más de 600 millones de euros procedentes del expolio del Tesoro nacional sirio.

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía impulsará en Almería un Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) itinerante para acercar la atención a todos los puntos de la provincia almeriense.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha alertado este jueves de que en lo que va de 2019 se están registrando datos "preocupantes" relacionados con los concursos de acreedores.

La Sección 1 de la Audiencia de Lleida ha acordado libertad con medidas cautelares para cuatro jóvenes encarcelados provisionalmente tras ser detenidos en disturbios del día 18 de octubre tras una manifestación contra la sentencia del 1-O.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado sentencia en la que condena a penas de prisión que van desde los 9 años y medio a los 4 años y medio de cárcel a los 12 acusados de introducir unos 60 kilos de heroína en Galicia, que fue localizada en agosto de 2017 en una nave de Caldas de Reis.

La Universidad de Salamanca ha investido como doctor honoris causa a Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), durante una solemne ceremonia presidida por el rector, Ricardo Rivero, que ha tenido lugar en el Paraninfo de las Escuelas Mayores. Se reconoce de este modo “la destacada labor en favor de la difusión de la lengua del Derecho en castellano”, según la propuesta de concesión por parte de las facultades de Derecho y Filología de la USAL.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Buen Gobierno y buena Administración. Cuestiones claves” que reúne una serie de trabajos en los que se analizan distintas cuestiones relevantes para el asentamiento de los principios inherentes a la Gobernanza en el Derecho que es propio de las Administraciones Públicas, desde la doble perspectiva del buen gobierno y la buena administración.

Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación (BOE de 23 de noviembre de 2019). Texto completo.

Acuerdo de 25 de septiembre de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre creación del registro electrónico (BOE de 25 de noviembre de 2019). Texto completo.

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se crea la sede electrónica del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 25 de noviembre de 2019). Texto completo.

Acuerdo de 6 de junio de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba la utilización del código seguro de verificación y de sello electrónico del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 25 de noviembre de 2019). Texto completo.

Decreto 592/2019, de 19 de noviembre, por el que se crea y regula el Comité Director de Compra Pública de Innovación de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA de 22 de noviembre de 2019). Texto completo.

El ICALI, junto con la Sección de Derecho Civil, ha organizado la jornada “Análisis jurisprudencial de la prueba digital”, que tendrá lugar el 26 de noviembre, de 17 a 19 horas, en la sede colegial de Elda.

El Colegio de Abogados de Murcia, a través de su Sección de Derecho Medioambiental, ha organizado un Café Jurídico sobre la economía circular, que se celebrará el martes 3 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Centro de Estudios ICAMUR.

En su sentencia el Tribunal Supremo acepta la valoración de la prueba existente de contenido meramente indiciario, en ausencia de prueba directa sobre todo en razón al poder de la concurrencia de la prueba indiciaria contundente, fijando una serie de reglas o principios para entender concurrente la prueba indiciaria como suficiente para dictar una sentencia condenatoria.

El Tribunal Supremo confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que condenaba a una sociedad por intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.