La subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, presidirán hoy miércoles, en el Ministerio de Justicia, la primera conferencia con los representantes de los departamentos oficiales para la memoria histórica de las diferentes comunidades autónomas.

El Tribunal Supremo ha anulado un registro llevado a cabo por la dirección de Investigación de la anterior Comisión Nacional de Competencia (CNC) en 2013 en la sede del grupo y ha reconocido el derecho de la petrolera a que le sea devuelta la documentación intervenida en aquella actuación, que queda así anulada.

El Pleno del Consejo Fiscal, que se encuentra reunido este martes, ha acordado más de media docena de nombramientos en su sesión matinal, entre ellos los de Justino Zapatero, que se incorpora a la Fiscalía del Tribunal Supremo, y José Javier Polo Rodríguez, que pasará a formar parte del ministerio público en la Audiencia Nacional.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) facilitará el acceso a sus sistemas de información de Atención Primaria y Hospitalaria a los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castilla-La Mancha para que puedan prestar la adecuada asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías y emitir informes y dictámenes a solicitud tanto del Registro Civil como de particulares en los casos que se determinen reglamentariamente.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que niega la extradición del ex informático del banco HSBC Hervé Falciani a Suiza, donde fue condenado a a cuatro años y 195 días de cárcel por espionaje económico con agravantes, por sustraer información de miles de defraudadores que escondían sus fondos en esa entidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha censurado el "constante cuestionamiento" que se viene realizando de las decisiones judiciales y ha lamentado que en numerosas ocasiones es mayor la "desconfianza" hacia la labor de los jueces que el "reconocimiento y comprensión" que puedan profesarles la mayoría de poderes públicos, incidiendo en que "la desautorización del poder judicial desmorona el Estado de derecho".

El Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha acordado no suspender el acta previa de ocupación de los terrenos de la futura mina de wolframio de Abenójar (Ciudad Real) que la pasada semana firmaron en el Ayuntamiento de la localidad los dueños de los terrenos a expropiar, los promotores de la mina, el Gobierno regional y el propio Consistorio, si bien ha paralizado de forma cautelar esa ocupación hasta que la empresa aporte las alegaciones que la justifiquen.

La Audiencia de Bizkaia ha calificado de culpable el concurso de Karrantzako Minda, y ha condenado a seis integrantes de su Consejo de Administración a una inhabilitación de dos años para administrar bienes ajenos, así como a devolver a la empresa 485.724 euros y, subsidiariamente, 1.172.279 euros a la constructora, si Ade Biotec no abona la cantidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado un recurso de súplica promovido por CGT, contra una sentencia previa que rechazaba ya la demanda del sindicato para que la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tusssam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, abonase "a la totalidad" de su plantilla una retribución ponderada de complementos como los de nocturnidad o de fines de semana en las nóminas correspondientes a las vacaciones.

El juzgado de Primaria Instancia 5 de Madrid ha condenado a la empresa Uralita a abonar 1,7 millones de euros de indemnización por patologías relacionadas con la exposición al amianto a un grupo de 14 vecinos de Ripollet y Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informado el Col·lectiu Ronda este martes en un comunicado.

This book studies information exchanges as a specific infringement of Article 101 TFEU. Through the analysis of the underlying economic theory and the case law of the European Courts, the book provides a categorization of the different types of information exchanges and shows how the concept has become increasingly blurred (due to the interest of Competition Authorities in sanctioning any conduct which might seem anticompetitive) and the difficulties that any practitioner might face when confronted with an investigation regarding this conduct.

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (BOE de 19 de septiembre de 2018). Texto completo.

Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012 (BOE de 19 de septiembre de 2018). Texto completo.

Decreto 61/2018, de 11 de septiembre, por el que se regula la inspección de juego y apuestas de Castilla-La Mancha (DOCM de 18 de septiembre de 2018). Texto completo.

El día 19 de septiembre de 2018 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González en el cual los autores opinan que la demanda civil interpuesta por el ‘expresident’ contra el juez Llarena contiene elementos para ser desestimada.

El día 19 de septiembre de 2018 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Plácido Fernández-Viagas, en el cual el autor considera que las decisiones judiciales encuentran su fundamento en el ordenamiento jurídico y es exclusivamente en este aspecto en el que pueden ser discutidas.

El miércoles 10 de octubre de 2018 se celebrará en el INAP, dirigido por los profesores Santiago Muñoz Machado y Mariano López Benítez, el Seminario sobre la reforma del Estado: “El régimen de la invalidez en el ámbito del Derecho Administrativo".

La Sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del ICAV organiza la “Jornada Legislación urbanística y la legislación protectora del patrimonio cultural en el ámbito de la Comunidad Valenciana”. Se celebrará el día 20 de septiembre.

Se confirma la sentencia que absolvió al acusado del delito de estafa procesal, al entender que la omisión en el seno de un procedimiento civil de la adquisición de la titularidad y posesión de una de las fincas objeto de controversia judicial, no constituía un engaño bastante exigido por el delito imputado.

Se confirma la sentencia que entendió que no existió despido en el cese del trabajador recurrente que suscribió un contrato de trabajo para obra o servicio determinado para llevar a cabo la actividad de control de acceso a un edificio público; terminada la contrata, se adjudicó el servicio a una nueva empresa, y ésta no se hizo cargo de los empleados de la empresa saliente, sin que existiera convenio colectivo que impusiera la sucesión.