Foto: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este miércoles reintegrar a la juez de la Audiencia Nacional María Asunción Salvo Tambo el salario que dejó de percibir entre los pasados meses de diciembre y abril, tras ser suspendida por una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención al intervenir en dos causas en las que participó el despacho de abogados de su marido, una sociedad de la que además ella posee acciones.

La justicia francesa ha rechazado este miércoles la extradición a España del presunto miembro de ETA Daniel Derguy, de nacionalidad francesa, detenido el pasado 6 de julio en Cahors, en el departamento de Lot (sur), y contra el que pesaba una orden de arresto europea.

También tiene prohibido visitar el municipio, mientras otras tres personas han sido absueltas

Los restos de dos niños que resultaron fallecidos y que pudieron ser cambiados por otros al nacer en hospitales granadinos entre los años 1972 y 1985 ya han sido exhumados para cotejar su ADN y comprobar su identidad. En el primero de los casos, ha sido la familia la que ha ordenado la exhumación privada de una niña que supuestamente falleció junto a su madre en el Hospital Militar, mientras que la segunda exhumación se ha realizado por orden de la Fiscalía de Granada.

El día 17 de agosto de 2011, se ha publicado en el diario El País, un artículo de José Antonio Martín Pallín, en el cual el autor opina sobre el caso Faisán. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

El día 17 de agosto de 2011, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Eduardo Fungairiño Bringas, en el que opina sobre los saharauis y la adquisición de la nacionalidad española. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

Orden EHA/2288/2011, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta para la Deuda del Estado (BOE de 18 de agosto de 2011). Texto completo. (Ref. Iustel §001022 )

Decreto 248/2011, de 12/08/2011, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Provinciales, y de los Servicios Periféricos de las Consejerías (BOCM de 17 de agosto de 2011). Texto completo.

Decreto 257/2011, de 12/08/2011, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre por el que se aprueba el reglamento general de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de agosto de 2011). Texto completo. (Ref. Iustel §007306 )

El TS condena al acusado como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia de la atenuante analógica muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que ocasionó la muerte a su víctima al propinarle patadas en la cabeza cuando se hallaba en el suelo. Concurre en la conducta del acusado el dolo eventual homicida, pues el hecho de propinar golpes en la cabeza conlleva la elevada posibilidad de causar la muerte a la víctima, y más teniendo en cuenta que no consta que el acusado padeciera de algún déficit cognitivo que le impidiera entender que con su comportamiento existía la probabilidad de producir un resultado mortal. El hecho de que abandonase el lugar de los hechos dejando a la víctima en el suelo y sin proseguir su acción hasta culminar el resultado de muerte, no hace suponer una falta de dolo homicida, ya que la acción ya estaba ejecutada cuando abandonó el lugar y ya había generado la situación de riesgo para la vida de la víctima. Ahora bien, a juicio de la Sala, no cabe hablar de homicidio consumado sino de homicidio en grado de tentativa, al no poder imputar el resultado homicida al acusado debido, precisamente, al comportamiento posterior de la víctima. Es decir, el hecho de que la víctima no quisiera recibir asistencia médica supuso un comportamiento temerario que no puede atribuirse al acusado, concurriendo así el principio normativo de la autorresponsabilidad en el resultado, lo cual transforma el tipo penal de consumado a tentativa acabada idónea

Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Endesa, contra la sentencia que reconoció el derecho de uno de sus trabajadores prejubilados a seguir percibiendo de la recurrente la retribución pactada en el acuerdo de prejubilación para el supuesto de que por causas no imputables al trabajador se suspendiera o anulara la prestación de desempleo correspondiente, por entender la sentencia impugnada que no había quedado probada la existencia de fraude u ocultación de datos al tiempo de la solicitud del subsidio de desempleo, que después se le retiró por realizar trabajos por cuenta propia. El TS declara que el recurso debió ser inadmitido ante el incumplimiento de la exigencia de denunciar la infracción legal cometida, establecida en el art. 222 LPL, pues sólo se denuncia que se ha aplicado indebidamente la cláusula 7.ª del acuerdo de prejubilación, y la misma no tiene la consideración de norma jurídica, como ocurriría si estuviese establecida en un convenio colectivo, sino que constituye una mera estipulación obligacional.