El Salvador dice que España no ha solicitado la extradición de los nueve militares detenidos

Foto: Entrada a la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado reducir la fianza de cinco millones de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al empresario hispanoegipcio Hussein Salem, vinculado al ex presidente egipcio Hosni Mubarak, mientras se tramita la extradición solicitada por el país africano, que le reclama para juzgarle por delitos económicos durante el anterior régimen.

Foto: Tony Hisgett

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 23 años de cárcel y al pago de una indemnización de 140.000 euros a un hombre, identificado como J.G.R., por matar a una mujer en su vivienda de Las Cabezas de San Juan tras propinarle hasta cinco golpes en la cabeza con un martillo de 25 centímetros de longitud, tras lo cual aprovechó para robar varios botellines de cerveza y botes de gel de baño.

Resolución EMO/1944/2011, de 25 de julio, por la que se determina la forma de presentación de la declaración de actividades laborales con exposición a la radiación natural. (DOGC de 10 de agosto de 2011). Texto completo.

Es objeto de impugnación la sentencia que, acogiendo el recurso formulado por los sindicatos demandantes, declaró ajustado a derecho el sistema de trabajo por objetivos instaurado por la empresa denominado "Talenta", excepto en el extremo relativo a aplicar el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del convenio, que consideró atentatorio contra la libertad sindical. Pues bien, afirma el Tribunal Supremo que el prorrateo mensual de las pagas extraordinarias no constituye lesión de la libertad sindical entendida como derecho a la negociación colectiva, toda vez que no se prohíbe ni en el art. 31 ET ni en el propio Convenio de la empresa.

Se confirma la resolución que deniega la autorización solicitada por la entidad actora para la instalación de un parque eólico, al ser incompatible con el planeamiento municipal que clasificaba los terrenos en los que se pretendía ubicar la instalación como no urbanizables de especial protección. Afirma la Sala que tanto el legislador estatal como autonómico autorizan la posibilidad de que el suelo rural pueda destinarse a otros fines distintos de los que le corresponde conforme a su propia naturaleza, previa declaración de interés o utilidad social, pero siempre y cuando el planeamiento no establezca condiciones específicas.