ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Así lo ha expuesto la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, en la clausura de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, momento en el que se ha dado lectura a las conclusiones del encuentro, que durante dos días ha permitido poner sobre la mesa las distintas situaciones personales, familiares y sociales que impactan en la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en las aulas.
Las conclusiones mencionan la necesidad de que los centros cuenten con profesionales especializados para dar respuesta a los retos actuales dentro del aula, tanto educativos como sociosanitarios. Unos recursos que también se deben garantizar en el medio rural para garantizar la igualdad de oportunidades en la educación.
PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA
La educación actual afronta retos estructurales como la prevención del suicidio o el acoso escolar. En este sentido, se pide a las administraciones educativas, sanitarias y sociales que diseñen de forma coordinada estrategias de prevención del riesgo suicida en el ámbito escolar.
Una prevención que también se exige en relación con el acoso escolar, donde el mensaje a la comunidad educativa debe ser el de "rechazo absoluto" a toda clase de violencia. Los titulares de las defensorías reclaman que la figura del Coordinador de bienestar y protección del alumnado exista y cuente con todos los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
Otra de las conclusiones está enfocada a que las administraciones educativas, basándose en evidencias científicas, definan criterios pedagógicos generales sobre el uso de los dispositivos móviles. Además, se piden "garantías" a la hora de abordar la implantación de la Inteligencia Artificial en las aulas.
Las jornadas han contado con la participación de chicos procedentes de la Defensoría de la Infancia y la adolescencia de Andalucía, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Ararteko y la Diputación del Común de Canarias, que han expuesto el trabajo realizado en un taller preparatorio de estas jornadas realizado en junio en Fuerteventura.
Su participación responde a la voluntad de las Defensorías de fomentar la participación directa de niños, niñas y adolescentes para escuchar y tomar en consideración sus propuestas concretas, en este caso, orientadas a mejorar la convivencia, la inclusión y la protección de los derechos en el entorno escolar.
