BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Según recoge la resolución de la Sección Primera de la Audiencia, el encausado se apoderó en agosto de 2009 de las escrituras públicas de dos inmuebles ubicados en las localidades vizcaínas de Sopela y Barakaldo que son propiedad de sus padres, sin el consentimiento de estos.
El tribunal considera probado que, "con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito" consistente en obtener dinero a préstamo dando como garantía las propiedades de sus padres, encargó a una tercera persona, que no ha sido identificada, la falsificación de una escritura pública de otorgamiento de poder especial "presuntamente suscrita por sus padres en julio de 2007" ante notario en Barcelona.
Este poder falso permitía actuar en su nombre y otorgaba, entre otras facultades, "tomar dinero a préstamos, crédito o constituir hipotecas en garantía de préstamos".
Según relata la sentencia, el encausado hizo uso de este poder falso para "hacerse pasar como apoderado especial de sus progenitores y, así, generar la confianza de los prestamistas" y solicitó diversos préstamos ofreciendo como garantía los inmuebles de sus padres.
En concreto, solicitó un crédito hipotecario de 150.00 euros en marzo de 2009, aunque no llegó a llevarse a efecto "por razones ajenas a la voluntad del encausado". En julio de ese año, pidió un préstamo de 270.000 euros, si bien se vio frustrado por la intervención de agentes de la Ertzaintza, que procedieron a detenerle el día 19 de agosto en el momento en que iba a producirse la firma de la escritura de préstamo hipotecario en una notaria de Sestao.
El acusado solicitó en ese mes de julio otro préstamo de 140.000 euros, pero tampoco se realizó la transmisión patrimonial, aunque la operación había sido aprobada, al advertir a la empresa la Ertzaintza de su carácter fraudulento.
Por todo ello, la Audiencia le condena como autor de un delito de falsedad en documento público a una pena de doce meses de prisión y a una multa de 1.200 euros. También le condena por un delito continuado de estafa en grado de tentativa a nueve meses y un día de prisión y una multa de 675 euros. Además, se le impone inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
La sentencia, que es firme al haber manifestado la fiscalía, la acusación particular y la defensa su propósito de no recurrirla durante la vista oral, suspende la ejecución de las penas de prisión impuestas a condición de que el penado no vuelva a delinquir en el plazo de tres años. También se autoriza el fraccionamiento de la multa en 24 meses.
