BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
Los huelguistas encausados por la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Barcelona han reclamado este martes que la Generalitat se retire de la causa y han criticado que están en el mismo punto que hace un año por la lentitud judicial, aunque han dicho que el juicio empezará el martes 5 de abril.
En rueda de prensa ante la Audiencia provincial, la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Vehí ha dicho que "la Generalitat está dispuesta a valorar la retirada de las acusaciones", al preguntársele por eso.
Además, ha criticado que la represión aparece cuando se cuestiona el sistema, y ha añadido: "Cada vez que hay un pico de movilizaciones, suben las denuncias por agresiones y mala praxis de los cuerpos de seguridad, especialmente del cuerpo de Mossos".
DOS ACUSADOS
Roger Sánchez y Saturnino Mercader están acusados de delitos de impedimento del derecho del trabajo --por bajar persianas de varios comercios del barrio de Sant Andreu-- y resistencia, por lo que la Fiscalía y la Generalitat piden seis años de cárcel para Sánchez y dos para Mercader.
El abogado de la causa, Eduardo Cáliz, ha recordado que el juicio se suspendió hace un año por irregularidades en la instrucción y ha informado de que se celebrará el martes 5 de abril en la Ciutat de la Justícia de Barcelona.
"Roger y Mercader ya han sufrido una condena, que es la pena de aguantar una espada de Damocles sobre sus cabezas", según Cáliz, y ha añadido que la causa está en el mismo punto que hace un año por lentitud de la justicia.
"La Fiscalía y la Generalitat no ven a Roger y a Mercader como personas, como padres, como trabajadores, sino como enemigos a combatir. Por eso utilizan la fórmula del derecho penal, que está siendo utilizado de una manera cruel para atemorizar a la sociedad", ha dicho.
El miembro del Grupo de Apoyo 29M del barrio de Sant Andreu, Blai Martí, ha explicado que, de los 81 detenidos en la huelga, la mitad de casos todavía no se han juzgado, y, de los que se han juzgado, 9 de cada 10 han sido absueltos.
Roger Sánchez, uno de los encausados presente en la rueda de prensa, ha asegurado que es un caso de criminalización del derecho a huelga y que volvería a hacer lo que hizo: "No nos quedaremos en casa esperando que la justicia nos diga lo que podemos hacer o no".
