SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La juez María Núñez Bolaños, dentro del caso de los ERE fraudulentos, ha rechazado por segunda vez la petición del dueño de Uniter, José González Mata, para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos, mientras que también se ha opuesto nuevamente a exigir la devolución de las ayudas a los trabajadores --los prejubilados 'legales'-- que se habrían lucrado con este presunto delito.
En un auto fechado el día 18 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza de este modo el recurso interpuesto por la defensa del imputado contra su resolución de 6 de julio de 2015, donde "ya se decía que en atención a los hechos investigados, no bastaba alegar el carácter privado de la comisión que percibía para solicitar, sin más, el sobreseimiento libre".
Según dice, hay que tener en cuenta "los indicios existentes sobre su participación en la elaboración y puesta en marcha de todo un entramado y proceso del que resultó gravemente perjudicado el erario público, sin hacer mención a los pagos directos a Uniter, en concreto los efectuados en el año 2010 por importe de 452.468,25 y 408.304,89 euros, respectivamente, así como documental que acredita" que el entonces director general de Trabajo "ordenó un pago cruzado remitiendo escrito a la entidad aseguradora ordenando la transferencia del pago recibido por importe de 1.235.891,90 euros a un tercero mediador: Uniter".
La instructora asegura que, en virtud de lo investigado, "resulta posible" que González Mata, administrador único de Uniter y socio único de Ingotor, ambas mediadoras de seguros con "idéntica" estructura empresarial, participara desde el año 2001 al 2010 "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos, mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente" con los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Todo ello, añade la juez, "con motivo de la concesión por éstos últimos de las subvenciones sociolaborales que se instrumentaban en virtud de pólizas de supervivencia o de renta colectiva, en muchas de las cuales, concretamente en las de mayor importancia económica, Uniter e Ingotor indistintamente e incluso simultáneamente, actuaron como mediadores".
En atención a los hechos investigados y teniendo en cuenta "los indicios constatados", la juez rechaza el sobreseimiento solicitado por la defensa del dueño de Uniter.
RECHAZA REDUCIR SU FIANZA CIVIL DE 98,8 MILLONES
Asimismo, rechaza "traer al proceso a quienes no han participado, salvo prueba en contrario, en la elaboración de plan, entramado, estrategia o proceso alguno a fin de obtener un enriquecimiento ilícito, en perjuicio del erario público", hechos "por los que se sigue el procedimiento" contra el imputado "y de los cuales pudiera resultar responsable penal y civilmente".
Al hilo de ello, recuerda que González Mata se encuentra imputado por delitos de prevaricación, malversación, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, y contra la Hacienda Pública.
En este sentido, rechaza reducir la fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones que le impuso la juez Mercedes Alaya el 18 de junio de 2014, la cual "se ha ponderado en atención a la comisión" de estos delitos "y al perjuicio causado por ello, sin que exista alteración alguna que justifique su minoración".
