SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, se expresa de este modo después de que la juez María Núñez Bolaños impusiera una fianza civil de 2.266.666,66 euros a tres exdirectivos de la empresa Antonio Barbadillo S.A. por las ayudas recibidas por la sociedad Matadero de la Sierra Morena, ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, en un auto donde aludía al papel de Fernández en estas ayudas.
En este auto, la juez Núñez señalaba que estos tres imputados, Manuel Valdecantos, Pascual Caputto y Manuel Robles, "mediante la utilización de sus influencias en la Consejería de Empleo a través de su titular, Antonio Fernández, o incluso en instancias superiores... obtuvieron la firma el 27 de marzo de 2008 de una subvención", así como que Caputto "le confirmaría a Santiago Herrero, presidente de la CEA, en carta que le remite el 28 de junio de 2010... que en la última entrevista que tuvo con el consejero éste les garantizó que les pagarían...".
Al hilo de ello, el letrado asevera que su cliente "no conocía personalmente y ni siquiera tenía la menor constancia de la existencia" de estas tres personas "a la indicada fecha de marzo de 2008, luego no cabe que los mismos pudieran utilizar ninguna clase de influencias ante él", a lo que se suma que "tampoco conocía ni jamás se había reunido" con Pascual Caputto "a esa otra fecha citada de 28 de junio de 2010, en la que por cierto y desde meses antes ya no era consejero".
El letrado, en este escrito de alegaciones fechado el pasado 17 de diciembre y consultado por Europa Press, subraya que, con ocasión de serle recibida declaración en la ya lejana primavera de 2012", su patrocinado "fue objeto de una imputación tan masiva que se extendía a todas y cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas a lo largo de todo el periodo en que ejerció cargos en la Consejería de Empleo".
"GENERAL E ILIMITADO"
El abogado dice que se trató de una imputación "de carácter general e ilimitado que sólo cabe interpretar a la luz del momento en que se produjo --el del estallido inicial del caso, en condiciones de muy incipiente investigación y escaso conocimiento de los hechos-- y que tuvo efectos devastadores sobre su presunción de inocencia que aún se extienden en el tiempo y llegan hasta el momento presente".
El abogado explica que, en aquel momento, al exconsejero "sólo le cupo negar --y negó-- con firmeza cualquier intervención en las concretas decisiones de concesión de tales ayudas, pues es así que tal competencia se ejercitó en todo momento por el órgano que la tenía encomendada en exclusiva, y desde luego que se negó cualquier conocimiento sobre eventuales decisiones torcidas en el ejercicio de la misma, si es que las hubo, que en ello no corresponde entrar a esta defensa".
"La realidad es que a nuestro representado no puede racionalmente atribuírsele una participación activa de carácter relevante y mínimo valor interpretativo jurídico-penal en los aludidos hechos", pone de manifiesto la defensa del exconsejero, que, por ello, expresa su "firme y frontal rechazo a las apreciaciones que en relación" a su representado contiene el auto en lo referido a la concesión de dichas ayudas.
"MERAS SOSPECHAS"
Y es que, a su juicio, "el hecho de ser superior jerárquico de quien, como órgano competente, en cada momento resolvió, no puede por sí solo abocar a una persona a juicio, en base a meras sospechas, y en ausencia de otros indicios mínimamente consistentes de participación activa en los hechos", por lo que invoca el derecho de tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho "a no ser innecesariamente sometido a juicio".
En este punto, el letrado de Antonio Fernández expresa su "plena confianza" en que, "llegado el momento, el juzgado habrá de asumir su papel constitucional como órgano imparcial y en evitación de acusaciones infundadas".
