MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El juez Pablo Ruz, encargado durante años en la Audiencia Nacional de la instrucción del caso Gürtel y el procedimiento sobre la presunta caja B del PP, ha reprochado este jueves a los bancos la escasa colaboración que suelen mostrar en las investigaciones judiciales. "Su actuación deja mucho que desear", ha asegurado.
Durante su intervención en unas jornadas dedicadas a la lucha contra la corrupción organizadas por la asociación Jueces para la Democracia (JpD) el magistrado, que desempeña ahora su labor en los Juzgados de la localidad madrileña de Móstoles, ha reclamado mayor implicación de las entidades de crédito en los procedimientos.
Ha recordado que son numerosas las ocasiones en las que los jueces se ven obligados a ordenar la entrada y registro en las entidades ante la falta de contestación a sus requerimientos. "Todo para luego hallar que lo que suponíamos estaba allí", ha asegurado.
El juez ha dibujado, además, un mapa de las dificultades procesales que implica la instrucción de las macrocausas. "Los procedimientos se empantanan y duran años y años y parece que es porque un fiscal o un juez están reclinados en sus sillones: esto no es así", ha defendido.
Ruz ha dudado de la efectividad de los plazos a la instrucción impuestos en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha reivindicado la necesidad de que los magistrados cuenten con unidades de auxilio especializadas. Ha advertido, además, que la cooperación internacional con países como Suiza, cuyos datos proporcionados a través de comisiones rogatorias resultan básicos en muchos procedimientos, se dilata, en ocasiones, hasta tres años.
Se ha referido a organismos con el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha asegurado que la realidad es que cuando se les requiere la ayuda necesaria los magistrados "tienen que luchar contra viento y marea" para obtenerla.
En opinión del juez, existen otros muchos problemas que ralentizan la instrucción como, la tendencia a que esta fase se diriman -como si fuera una "barra libre", ha descrito-- innumerables cuestiones de nulidad planteadas por las defensas por la violación de derechos fundamentales, algo que debería quedar para el juicio oral.
También ha criticado la insuficiente regulación de la protección de testigos y la necesidad de blindar las denuncias de particulares y ofrecer beneficios procesales a aquellos implicados en casos de corrupción que opten por denunciar.
Además, ha apuntado que la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad civil de los perjudicados provoca retraso y ha mencionado los casos de uso interesado del aforamiento y desaforamiento de imputados.
