MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Se trata de casos de ciudadanos que manifiestan en los servicios de orientación jurídica que ellos necesitarían interponer la acción judicial o el recurso pero que no disponen de las cantidades de dinero que se reclaman, según ha explicado Carnicer.
En este sentido, ha insistido en que se va a dirigir de nuevo "a todos aquellos que pueden ayudar a cambiar una reforma de la Ley de Tasas que se aleja mucho de las normas constitucionales". Por ello, durante un desayuno informativo de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, --en el Colegio de Registradores de Madrid-- ha vuelto a reclamar al organismo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.
Carnicer ha puesto de manifiesto la existencia de una "drástica reducción", de entre el 40 y el 65 por ciento, en las demandas contra las administraciones públicas, que deberían ser --según presidente del Consejo General de la Abogacía Española-- "la garantía del ciudadano ante la arbitrariedad de la administración". En concretro, la cifra más alta de disminución de los juicios contencioso-administrativos se ha dado en Murcia, según datos del primer trimestre del año recogidos por los 83 Colegios de Abogados de toda España.
En este punto, ha insistido en que "miles y miles de familias no pueden asumir los costes" de entre 3.000 o 4.000 euros en las tres instancias de un procedimiento judicial habitual, en cuestiones como pueden ser "reclamaciones por licencias de obras, por sanciones del ayuntamiento o por expropiaciones, entre otros casos".
Asimismo, Carnicer ha explicado que la ley es "especialmente perversa" en régimen de recursos, ya que "hace advertir al cliente de que debe disponer de ese dinero porque si se produce la resolución y hay que recurrir, tocará depositar la tasas y, de lo contrario, se perderá el derecho". También ha alertado de un posible aumento de las querellas criminales respecto a las demandas debido a que "en la jurisdicción penal no existen tasas".
Al respecto, la Defensora del Pueblo ha insistido en que no coincide con la Abogacía en este aspecto, "como ya se ha manifestado con anterioridad" y difiere de la cuantía máxima de las tasas variables resultantes de la reforma la Ley de Tasas Judiciales. De hecho, el pasado mes de febrero, Becerril manifestaba que la ley de tasas judiciales "se encuadra dentro de la Constitución" y, tras la rebaja de las cuantías, dio por zanjada su discrepancia con el Gobierno.
