MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT, CC.OO., USO y CSI-F la han presentado este miércoles la 'Plataforma Justicia para Todos', integrada por todas estas organizaciones, con el objetivo de hacer público su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales y el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita porque, a su juicio, impiden el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.
Durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en Madrid, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha explicado que se trata de una plataforma "con carácter abierto", para luchar contra la "tramitación de leyes que atentan contra la Constitución", y ha anunciado que el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) estudiará en los próximos días su adhesión a la plataforma.
Además, Carnicer ha denunciado que las reformas que el Ministerio de Justicia pretende hacer "vulneran los derechos fundamentales" de la ciudadanía. "No queremos comprarlos porque son nuestros. Nos los hemos ganado durante muchos años y los vamos a defender", ha enfatizado.
Para la plataforma, las iniciativas legislativas que está poniendo en marcha el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suponen un recorte en el acceso al servicio público de la Justicia y un retroceso en el Estado de Derecho porque "limita gravemente" y "deja fuera de las posibilidades reales de acceso a la Justicia" a muchos colectivos.
El secretario confederal de Política Institucional de UGT, Frederic Monell, ha criticado que la Ley de Tasas "lesiona" derechos fundamentales, al tiempo que ha denunciado que las reformas de Gallardón se producen "de manera autoritaria" y que "ni cumplen con las obligaciones legales" ni con "el espíritu de la Constitución". Además, ha señalado que la reforma de la Justicia está enfocada hacia la "protección de los poderosos".
"EL TASAZO JUDICIAL"
En este sentido, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de la USO, José Luis Fernández, ha manifestado que "el tasazo judicial supone poner precio al ejercicio universal del Derecho a la Justicia" y ha agregado que tiene "un claro afán recaudatorio" pues "carece de reciprocidad al permitir a las administraciones públicas litiguen frente al ciudadano sin coste alguno, mientras que carga sobre una mayoría social el peso económico".
"Decimos que no. Ya está bien de cuadrar las cuentas públicas con el bolsillo del contribuyente", ha indicado Fernández, para después recordarle al Gobierno que está "para servir a los ciudadanos" y no "para legislar a favor de los intereses de determinados colectivos y entidades atacando a la mayoría de los ciudadanos españoles".
La plataforma denuncia la implantación de tasas judiciales porque imponen "graves obstáculos" para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia, potenciándose, a su juicio, la reforma laboral ya que se milita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales. Esta agrupación rechaza la imposición de tasas a los sindicatos así como a los empleados públicos y "cualquier intento de supresión de su legítimo derecho a la Justicia gratuita".
El presidente del sector de Justicia de CSI-F, Juan José Corral, ha manifestado su "más rotundo rechazo al retroceso del Estado de Bienestar" debido a las "tropelías de este Gobierno". "Es hora de decir basta ya. Queremos una Justicia ágil, moderna, de calidad, que garantice los derechos de todos y queremos voz y voto en la reforma de la Justicia", ha remachado.
También, el secretario de Estudios de CC.OO., Rodolfo Benito, ha hecho hincapié en el "rechazo mayoritario" de su sindicato hacia estas reformas, con las que, en su opinión, se "deja fuera" del acceso a la Justicia a muchos ciudadanos. Según Benito, el nuevo coste de las tasas judiciales "coarta, limita e intenta excluir la capacidad de recurso" de los ciudadanos, a la vez que restringe "la capacidad de actuación de los propios sindicatos" en la defensa de los trabajadores.
"Estamos ante un proceso muy fuerte de recortes que afectan a los derechos de los ciudadanos", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que las reformas suponen una "fórmula de repago". Por todos esto, Benito ha anunciado que, desde su sindicato, se va a iniciar "un proceso de divulgación y contestación social".
ACCESO A LA JUSTICIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Asimismo, la plataforma pretende combatir el "veto" que supone el acceso a la Justicia de los consumidores y usuarios para la defensa de sus derechos básicos a la salud, la seguridad, reparación de daños y perjuicios e intereses económicos reconocidos en el artículo 51 de la Constitución.
En este punto, el presidente de la Comisión Técnica de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios, José Ramón Lozano, ha explicado que la organización que preside integra esta plataforma porque la Ley de Tasas "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución" así como el "derecho de igualdad ante la Ley, recogido en el artículo 14".
Por otra parte, Carlos Carnicer ha dicho que, aunque el Consejo General de la Abogacía Española "no tiene competencia" para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la Justicia, sí ha instado ya a que lo presenten tanto el PSOE como la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Consejo General del Poder Judicial.
Finalmente, Carnicer ha recordado que el próximo martes día 11 la Comisión Interasociativa, integrada por jueces y fiscales, dará una rueda de prensa a nivel internacional para denunciar "los males que aquejan a la Justicia española" y que el miércoles a las 12.00 horas "habrá concentraciones a las puertas de todos los juzgados de España".
