El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite tres recursos de inconstitucionalidad presentados por el Grupo Parlamentario Socialista, la Generalitat catalana y el Parlament catalán en contra del real decreto en el que se fija la indemnización para los promotores del almacén subterráneo de gas de Castor.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el Código de Conducta para la prestación de los servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de telefonía móvil, conocidos como 'SMS Premium', al considerar que el organismo que lo aprobó era incompetente para hacerlo.

El Tribunal Supremo ha establecido que la multa máxima para faltas muy graves a la competencia será del 10% del volumen del negocio total de la empresa infractora, y no sólo del ramo de actividad donde se ha producido la actividad sancionable, clarificando así la interpretación a este respecto realizada por la Audiencia Nacional.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Fonseca-Herrero, ha propuesto este jueves apartar de la carrera judicial al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal alegando que es autor responsable de dos faltas muy graves a raíz de participar en un borrador de Constitución de una Catalunya independiente, ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El magistrado de la Audiencia Nacional pide a la Agencia Tributaria que aporte en ese plazo las actas de inspección a Caja Madrid

La Oficina Antifraude denunció sobrecostes en la compra de los materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones

Foto: Pleno del Parlament de Catalunya

El Parlament catalán ha aprobado este jueves por unanimidad una moción de C's que defiende reforzar los juzgados que instruyen casos de corrupción, instando al Govern a presentar en dos meses un estudio detallado de las necesidades materiales y de personal de los juzgados de instrucción que están tramitando casos de este tipo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira Morante, se ha compromete ante los jueces decanos de la región trasladar a los responsables autonómicos y al Consejo General del Poder Judicial las demandas de los jueces, ha informado el TSJM en un comunicado.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga distintas 'macrocausas', ha pedido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una prórroga en el plazo de la toma de posesión de su plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla a fin de "poder terminar las causas de especial complejidad" que investiga.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha autorizado la venta de la vivienda que la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, poseen en el barrio barcelonés de Pedralbes.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha rechazado dictar expresamente una resolución de archivo en favor del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, puesto que éste ya dejó de estar imputado desde el momento en el que el alto cargo del PP fue excluido de entre la lista de acusados a quienes el magistrado acordó el pasado mes de diciembre, mediante su auto de apertura de juicio oral, sentar en el banquillo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha condenado a la Universidad Politécnica de Madrid por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores al fijar unos servicios mínimos para la huelga de octubre de 2013 para los que no tenían competencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que el periodo de prueba de un año previsto en el contrato indefinido de apoyo a emprendedores que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 no vulnera ninguna norma de la UE. El derecho de la Unión, señala el fallo, no impone ninguna obligación sobre los periodos de prueba de los contratos.

La fiscal del Tribunal Penal Internacional desde 2012 Fatou Bensouda ha sido distinguida con el XXXV Premio por la Paz, que otorga la Asociación para las Naciones Unidas en España (Anue), con el apoyo de la Diputación de Barcelona.

La Consejería de Justicia e Interior ha abonado este jueves 23,7 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el pasado año 2014.

El Gobierno asturiano abonará el mes de marzo los trimestres atrasados del turno de oficio a los colegios de abogados de Oviedo y de Gijón y a partir de mayo empezará a abonarlos con un plan de pagos regular, reduciendo así a tres meses el tiempo de cobro, que en estos momentos suma una media de 4,4 meses.

Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil (BOE de 6 de febrero de 2015). Texto completo.

El día 6 de febrero de 2015, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Araceli Mangas Martín, en el cual la autora analiza la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre hechos criminales cometidos durante el conflicto de los Balcanes.

Los días 11, 12 y 13 de marzo de 2015 tendrá lugar el I Congreso de Mediación de la Abogacía, que organiza el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (CEMICAB).

Los días 26 y 27 de febrero de 2015, se celebrarán en Zaragoza, las “XIX Jornadas de Derecho de aguas: El Plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro”.

Se convocan para su provisión destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

Se desestima el recurso de la CCAA de Madrid contra la sentencia que fijó el justiprecio de la finca expropiada para la ejecución del proyecto “Delimitación y expropiación del ámbito correspondiente al sector espartales norte del PGOU de Alcalá de Henares -Madrid-“.

Estima el TS el recurso interpuesto y revoca la sentencia que acordó extinguir las pensiones de alimentos a favor de los hijos mayores de edad del demandante, basándose en que no carecían de ingresos propios, en atención a las prestaciones por minusvalía que percibían, y por no estar acreditado que su grado de discapacidad les impidiese trabajar.