El Tribunal Constitucional (TC) ha contestado al abogado Andreu Van den Eynde, representante del exvicepresidente de la Generalitat procesado por presunta rebelión y malversación en la causa del 'procés' independentista en Cataluña Oriol Junqueras, que por el momento sigue estudiando la resolución del recurso de amparo presentado contra su permanencia en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Sevilla que condenó en 2016 a dos años y tres meses de cárcel a Fernando S.G.B. y a su hijo, Daniel S.A., por delitos de estafa y alzamiento de bienes en relación a la compra que realizaron en julio de 2004 de la constructora Alhemasa. Además, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Alfonso H.M., que les vendió dicha empresa, en la cantidad de 540.961,50 euros.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional verá el próximo 6 de febrero los recursos contra el auto de procesamiento que dictó en octubre el juez Fernando Andreu con el que envió a juicio a los presuntos autores de los atentados de Barcelona y Cambrills de 2017 que provocaron 16 muertos y 300 heridos, según han informado fuentes jurídicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado nulo el despido de una trabajadora con cáncer de útero. La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de la mujer, que trabajaba de camarera, y ha anulado la sentencia de instancia que declaró su despido nulo, tras concluir que "no estamos ante una mera enfermedad, sino ante una discapacidad".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia previa del Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, declarando que los cuatro trabajadores municipales de Santiponce otrora encargados del control de acceso, las visitas y la limpieza en el monasterio fortificado de San Isidoro del Campo, cuya propiedad comparten la Casa Álvarez de Toledo y Mencos y la Junta de Andalucía, fueron objeto de una "cesión ilegal" entre la extinta sociedad municipal Prosuvisa y el Ayuntamiento poncino como promotora de la citada entidad.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 162.000 euros a una paciente de 53 años de Villena (Alicante) a la que amputaron una pierna en 2014 tras recibir una deficiente asistencia sanitaria.

La Fiscalía Superior de Extremadura funciona desde este miércoles bajo la nueva organización que supone la Oficina Fiscal, que ha abierto sus puertas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, y que servirá para coordinar las funciones de los fiscales y liberarlos de labores administrativas.

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al Banco Santander a devolver a una ama de casa los 63.000 euros que había invertido en participaciones preferentes, al considerar que la comercialización de este producto se realizó "sin una previa información o explicación" de sus características.

Sentencia de 21 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/56/2017, instado por Aduriz Distribución, SL, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016 (BOE de 31 de enero de 2019). Texto completo.

Sentencia de 28 de diciembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/19/2017, instado por Gas Natural Sur SDG, SA, contra el Real Decreto 469/2016, que modifica el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación (BOE de 31 de enero de 2019). Texto completo.

Sentencia de 8 de enero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 1/75/2017, instado por Cardener Distribució Eléctrica, SL, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016 (BOE de 31 de enero de 2019). Texto completo.

Decreto n.º 2/2019, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Conservatorios de Música y de Danza en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 30 de enero de 2019). Texto completo.

Decreto n.º 1/2019, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 30 de enero de 2019). Texto completo.

Orden 2/2019, de 25 de enero, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas por la que se crean las oficinas de la Generalitat de asistencia a las víctimas del delito de Ibi, Novelda, San Vicente del Raspeig, Villajoyosa, Villena, Nules, Segorbe, Massamagrell, Mislata, Moncada, y Quart de Poblet (DOCV de 30 de enero de 2019). Texto completo.

La Escuela Gallega de Administración Pública convoca la jornada La revisión de los actos y disposiciones nulas de pleno derecho y la declaración de lesividad. Se celebrará el día 6 de febrero de 2019 en Santiago de Compostela.

El día 6 de febrero de 2019 se celebrará en el ICAIB Palma con videoconferencia a las sedes colegiales la Conferencia “Ascensores en las comunidades de propietarios. Normativa (Ley 8/2013, de 26 de junio) y jurisprudencia reciente”.

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Federación recurrente contra la sentencia que desestimó la demanda para la tutela de derechos fundamentales y anulación parcial del Acta del Plenario de la Confederación General de Trabajadores y otros acuerdos, al apreciar la excepción de falta de legitimación activa.

Con estimación del recurso interpuesto, el TS revoca la sentencia recurrida y confirma la de primera instancia que apreció que las relaciones contractuales entre las partes litigantes eran contrarias al art. 81 del TCE y su derecho derivado.