Los condenados trituraban neveras, algunas procedentes de los puntos limpios de Madrid, liberando toneladas de CO2

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido al catedrático de Derecho Civil Ángel Fernando Pantaleón Prieto nuevo magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por el turno de juristas de reconocida competencia, ocupando la vacante producida por la jubilación de Sebastián Sastre Papiol.

Lesmes obtiene la unanimidad del Pleno y refuerza la mayoría conservadora con la inclusión de Martínez Moya

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha sentenciado este jueves que el plazo de un mes que recoge la ley española para recurrir ejecuciones hipotecarias que estaban en curso cuando se aprobó la ley de protección del deudor hipotecario "no garantiza el ejercicio efectivo" de este derecho y por tanto es contrario a legislación comunitaria.

El Ministerio de Economía ha indicado este jueves que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TUE), que declara ilegal el plazo para recurrir desahucios contenido en la ley hipotecaria, no cuestiona la actual normativa sobre hipotecas, ya que únicamente se refiere a un aspecto "muy acotado a unos casos concretos y muy limitado en el tiempo", según trasladaron a Europa Press fuentes de este departamento.

La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por una veintena de presos de la banda terrorista ETA contra la negativa del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria a acercarles a cárceles del País Vasco, al entender que esta política no vulnera sus derechos fundamentales.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como imputadas para el próximo lunes a la que fuera interventora general del Ayuntamiento de Jeréz durante la alcaldía de María José García Pelayo y a la interventora delegada en el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), organismo del que la 'popular' era presidenta y que también participó en las adjudicaciones a la trama Gürtel para la participación del consistorio en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) del año 2004.

Los ponentes de las sentencias serán los magistrados progresistas Ramón Sáez y Clara Bayarri

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, se ha dirigido por carta al embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, para reprocharle sus palabras en las que pidió "paciencia" a los presos españoles recluidos en cárceles ecuatorianas a la espera que se aplique sobre ellos una reforma penal que revisará sus condenas. Más de cuarenta presos se encuentran en esta situación y algunos de ellos ya deberían estar en libertad.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso de una trabajadora de hogar sin papeles, que había sido despedida "como represalia por reclamar salarios atrasados", según ha informado la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

La Audiencia Provincial de Madrid no considera que el periodista de TVE, Xaquín López, incurriese en un delito de calumnias contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias 'Sito Miñanco'. El que fuera capo de la droga en Galicia durante las décadas de los ochenta y los noventa del pasado siglo presentó varias querellas contra el periodista por un reportaje en el que denunciaba una presunta trama de corrupción en la cárcel de Huelva en la que supuestamente habría estado implicado.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha calificado este jueves como "fundamental" la implicación y trabajo de la abogacía para "garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita" de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable en Andalucía.

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2578-2015, en relación con el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 117.3 de la Constitución (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4697-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4698-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4773-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, introducido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4774-2015, en relación con el artículo 65 bis.1 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y de Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, añadido por el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 20 de junio, en cuanto dice "órdenes de demolición judiciales", por posible vulneración de los artículos 24.2, 117.3 y 149.1.6 de la Constitución (BOE de 30 de octubre de 2015). Texto completo.

Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales (BOPV de 29 de octubre de 2015). Texto completo.

El día 30 de octubre de 2015, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de Santiago González-Varas, en el cual el autor considera que haría falta que los juristas y los expertos tuvieran a su alcance un medio de difusión social de opinión con poder social.

La Universidad de Castilla-La Mancha organiza el “Curso Especialista en Cumplimiento Normativo en Materia Penal”. El curso se divide en 22 temas, impartidos mediante la plataforma digital de la UCLM. El curso se iniciará con una videoconferencia de bienvenida, que tendrá lugar el día 15 de enero y finalizará el día 28 de abril.

La Universidad Pablo de Olavide oferta un Título de Experto/ Certificado de Extensión Universitaria en Derecho penal cuya primera edición está dedicada al estudio de la reforma de 2015 del Código penal. En este Título, a desarrollarse durante los meses de noviembre a febrero, se analizará con profundidad esta importante reforma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial convoca la provisión de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La Sala revoca la sentencia recurrida que absolvió al acusado del delito de estafa. Y es que se prescindió de la práctica de la prueba, que debe tener lugar en la vista del juicio oral; al no haberse realizado se ha producido indefensión a la parte y con ello vulneración del art. 24.1 de la CE. Para la reparación de tal quebranto se han de reponer las actuaciones, con la práctica de la totalidad de la prueba que estuviera prevista en los escritos de conclusiones provisionales, y, sólo después de esto, formuladas conclusiones definitivas, proceder al dictado de la sentencia.

Con desestimación del recurso interpuesto, confirma la Sala la sentencia que redujo la pensión compensatoria que percibe la esposa, desde la fecha de la demanda, mientras el actor se encontrase en situación de incapacidad laboral transitoria, con merma de ingresos, volviendo a la cuantía anterior cuando la situación cesase. No aprecia el Tribunal la alegada aplicación retroactiva de los efectos de la sentencia impugnada, toda vez que en la misma se valora la fijación de una fecha compatible con la demanda, de tal manera que se responde al necesario equilibrio que con legitimidad solicitó el demandante.