El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado una resolución de la Consejería de Sanidad dictada en junio de 2018 por la que aplicaba deducciones por importe de 89.303 euros a la facturación del mes de enero de ese año de Smart Hospital Cantabria (SHC), la sociedad que presta una docena de servicios no clínicos en el centro sanitario. Las deducciones fueron realizadas por fallos de calidad y disponibilidad en la prestación del colaboración público privada suscrita en 2014.

La delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, María Ángeles Muriel ha indicado que la distribución de los órganos judiciales por jurisdicciones que está llevando a cabo la administración andaluza en Huelva "ayudará prestar una mejor atención tanto a los profesionales de la Administración de Justicia, como a los ciudadanos".

Un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha vuelto este lunes a rechazar la petición de los hosteleros, en este caso de la asociación Otea, de suspender la resolución del Gobienro asturiano que suspende el ocio nocturno, obliga a cerrar restaurantes a la una de la madrugada, y prohíbe fumar en las terrazas.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha denegado la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por parte de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) a la modificación de la resolución de la Conselleria de Salud de la Generalitat, que aplica las restricciones de las actividades de hostelería, restauración y actividades recreativas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado, de nuevo, la obligación de usar mascarilla en Euskadi con motivo de la pandemia del coronavirus, aunque se mantenga la distancia de seguridad.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real ha dictado Auto este lunes en el que no se ratifica la prohibición de salidas de residentes de centros socio-sanitarios salvo razones de "fuerza mayor" así como el cierre cautelar de parques y jardines en la localidad de Membrilla.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “La regulación de la vivienda de uso turístico en España” que explica de forma mínima las bases que fundamentaron la declaración del estado de alarma: la teoría general del Derecho de necesidad, nuestro Derecho constitucional de excepción y la legislación ordinaria con previsiones para la lucha contra las emergencias.

Decreto 48/2020, de 18 de agosto, por el que se modifica el Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto de 2020). Texto completo.

Resolución por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOCA de 24 de agosto de 2020). Texto completo.

El día 25 de agosto de 2020 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Jaime Pérez Renovales en el cual el autor opina que existen razones de peso para defender la monarquía como la mejor forma de Estado.

El día 25 de agosto de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Enrique Gimbernat, en el cual el autor opina sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo organiza, dentro de su programa de cursos de verano, el “XIII Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente: retos bioéticos y jurídicos del COVID-19”. Se celebrará del 26 al 28 de agosto de 2020.

El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona organiza el “Curso práctico de litigación civil”. Se celebrará del 28 de septiembre al 18 de noviembre de 2020.

El Tribunal Supremo reitera la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos a los prestatarios. Se reitera también la jurisprudencia sobre a quién corresponde, a falta de pacto, satisfacer los gastos notariales y registrales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.