El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña contra el Gobierno de Pedro Sánchez por considerar que el nuevo reglamento de adopciones internacionles invade competencias autonómicas en esta materia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha anulado una cláusula suelo de una hipoteca suscrita por un matrimonio de Dos Hermanas (Sevilla) por "falta de transparencia" y ha impuesto al banco que concedió la referida hipoteca a devolver el depósito constituido.

El Tribunal Supremo ha revisado a la baja las condenas impuestas por la Audiencia Nacional en octubre de 2017 por el falseo de las cuentas de la caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en los ejercicios 2010 y 2011 y absuelve a uno de sus exdirectores generales, Roberto López Abad, que había sido condenado a 3 años de cárcel. Su sustituto, María Dolores Amorós, ve rebajada su condena a la mitad, hasta el año y medio de prisión.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso interpuesto en su día por el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia contra el cambio de la denominación oficial de la ciudad exclusivamente en valenciano. La resolución judicial considera que el cambio del topónimo --de Valencia a Valencia-- se hizo respetando la normativa y con informes que lo justificaban.

El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid ha estimado la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Deliveroo y declara que los cerca de 500 repartidores demandantes, conocidos como 'riders', estaban sujetos a una relación laboral con la compañía en que prestaron sus servicios.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de València ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) para saber quién debe pagar, si es el caso, la indemnización a un pasajero que compró el billete para un vuelo de una determinada compañía pero operado por otra.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Cuestionarios de Derecho administrativo y presupuestario (Adaptados al formato de preguntas de oposición)” integrada por unas 750 preguntas cuidadosamente seleccionadas entre los temas más comunes sobre organización del Estado, Derecho Administrativo y Presupuestario.

Orden PCI/791/2019, de 18 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes (BOE de 24 de julio de 2019). Texto completo.

El día 24 de julio de 2019 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Francisco Pérez de los Cobos, en el cual el autor opina que el juego democrático está hecho de la confrontación partidaria pero no menos del acuerdo y del compromiso.

La Fundación Aequitas convoca el XVIII Premio de Investigación Jurídica sobre personas con discapacidad, personas mayores, inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que carezcan de la debida protección, 2019.

Organizados por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad de las Islas Baleares y la Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ambos eventos tendrán lugar del 16 al 18 de octubre en la sede del ICAIB Palma y contarán con la participación de destacados especialistas que analizarán algunas de las cuestiones más actuales relacionadas con el Derecho aeronáutico y espacial, como, entre otras, los derechos de los pasajeros, la relación aviación-turismo o las infraestructuras aeroportuarias y las políticas públicas.

Estima la Sala el recurso interpuesto y condena a la entidad bancaria recurrida a reintegrar al recurrente la cantidad correspondiente a la comisión cobrada por la cancelación anticipada de un fondo de inversión garantizado al 100%.

La Sala estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura interpuesto contra la sentencia dictada en procedimiento de derechos fundamentales, que anuló el Acuerdo que declaró la incompatibilidad del recurrente en apelación para el cargo de Consejero del Cabildo, como consecuencia de haber sido condenado con la pena de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación.